Sistema penal necesita fortalecer a las instituciones

A 10 años de la implementación del sistema procesal penal acusatorio en México, el desafío es lograr que las instituciones que lo operan tengan las capacidades necesarias para hacerlo una realidad, afirmó Giovanni Figueroa Mejía.

“Si queremos evaluar el sistema acusatorio, no solo debemos mirar al tribunal de enjuiciamiento o al juez oral, debemos, en mayor medida, poner atención en las fiscalías”.

Al dictar la conferencia magistral “La realidad del sistema penal oral, a 10 años de su implementación a nivel nacional”, en el nuevo Campus Roma de la Universidad Vizcaya de la Américas, en Ciudad de México, cuya Sala de Audiencias Orales lleva su nombre desde ayer, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que, en su balance, “la dimensión de las fiscalías es determinante”, por lo que “cualquier evaluación del sistema debe prestar especial atención a la capacidad institucional de investigación”.

De ahí que además de la reforma al Poder Judicial, consideró, procede “valorar una segunda reforma en materia de fiscalías y también fortalecer, por supuesto, la capacitación constante de todas las personas que en ellas laboran”.

Tras ofrecer datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), correspondientes a 2024, sobre carpetas de investigación iniciadas en México a nivel federal y local, y precedentes de la Corte, formuló “conclusiones generales”.

Además de las ya mencionadas, detalló que el sistema penal acusatorio contempla un procedimiento dividido en tres etapas: investigación inicial, intermedia y juicio; que el juicio oral es constitucionalmente central, pero estadísticamente minoritario; que las soluciones alternas y el procedimiento abreviado no son una desviación del modelo, sino están previstas para reparar el daño en el menor plazo posible, y que la Corte ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo y consolidación paulatina del sistema.

Aseguró que una forma de evaluar el sistema es a partir de los asuntos que ha resuelto la Corte, vía jurisprudencias.

“En muchas ocasiones, a través de la jurisprudencia se han tenido que ir aclarando aquellas cosas que el legislador, consciente o inconscientemente, no contempló en esa reforma (constitucional de 2008, cuya implementación nacional inició en 2016)”.

El nuevo sistema, resumió, “materialmente sustituyó las bases de nuestro modelo de justicia penal para establecer uno en el que predomina la oralidad. Es quizá el cambio más relevante en la historia de nuestro sistema de justicia penal”.