Señalan que PPEF 2027 prioriza contención migratoria sobre derechos

Organizaciones defensoras de personas migrantes advirtieron que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 mantiene un enfoque centrado en la contención migratoria, mientras los recursos destinados al refugio, protección consular y atención de niñas, niños y adolescentes resultan insuficientes para atender las necesidades de las personas en movilidad.

El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Kids in Need of Defense (KIND), entre otros firmantes presentaron un análisis técnico del PPEF y de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) 2027, en el que llamaron al Congreso de la Unión a modificar las asignaciones y reducir las barreras económicas para la regularización migratoria.

Según las organizaciones, el presupuesto propuesto evidenció un desequilibrio entre los recursos destinados a tareas de control y aquellos dirigidos a garantizar derechos humanos.

Uno de los principales señalamientos corresponde al Instituto Nacional de Migración (INM), que concentraría 72.7% de los recursos analizados, con un presupuesto de 2,423.5 millones de pesos, un incremento de 19.4% respecto al ejercicio anterior.

Con base en el análisis, una parte importante de estos recursos estaría destinada al mantenimiento de estaciones migratorias y al traslado terrestre de personas extranjeras hacia el sur del país.

En contraste, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibiría 117.6 millones de pesos, un aumento de apenas 4.1%. Las organizaciones señalaron que los recursos están previstos principalmente para operación y no contemplan la contratación de personal adicional.

Recorte a protección consular

Las organizaciones también alertaron sobre el presupuesto destinado a la protección de mexicanos en el exterior.

El programa de protección para personas mexicanas fuera del país, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tendría un recorte de 7.4%, pese a que la Cancillería atendió recientemente más de 157,000 casos de asistencia en Estados Unidos.

Otro de los puntos cuestionados fue la propuesta para destinar el 50% de la recaudación obtenida por el ingreso de visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas a la Secretaría de la Defensa Nacional.