Seguridad de Rocha Moya, a cargo de Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya no cuenta con escoltas asignados por instituciones del gobierno federal y que actualmente su seguridad está a cargo de autoridades estatales.

Durante una conferencia de prensa, realizada ayer 20 de mayo, el funcionario federal señaló que Rocha Moya permanece en Sinaloa y que su ubicación “no ha sido reservada”.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que el mandatario con licencia sí mantiene un esquema de protección, pero proporcionado por el gobierno estatal.

“No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México. Tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado”, sostuvo.

Dichas declaraciones contrastan con lo expresado por el propio García Harfuch a inicios de mayo, cuando confirmó que Rocha Moya contaba con un esquema de seguridad derivado de una evaluación de riesgo realizada por el Servicio de Protección Federal.

Hace unos días, el funcionario federal detalló que la recomendación de brindarle protección no respondía a amenazas específicas ni a indicios de vínculos con el crimen organizado, sino a protocolos preventivos aplicados a exfuncionarios en contextos de violencia.

“En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”, declaró entonces.

Aquella ocasión también aseguró que las autoridades federales no tenían información sobre posibles amenazas en contra del mandatario sinaloense.

Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó previamente la decisión de otorgarle protección al gobernador con licencia y explicó que este tipo de medidas forman parte de los protocolos habituales para funcionarios o personas que pudieran enfrentar riesgos.

Al menos 70 funcionarios detenidos

García Harfuch, informó que la llamada Operación Enjambre ha derivado en la detención de más de 70 servidores públicos vinculados con estructuras criminales, como parte de investigaciones federales y estatales contra redes de corrupción y delincuencia organizada.

El funcionario federal detalló que las acciones más recientes se realizaron en Morelos, particularmente en municipios de la región oriente, donde autoridades detectaron actividades de extorsión contra comerciantes, transportistas y familias.

“Hay varias investigaciones en curso. Recordemos que la Operación Enjambre inicia en una investigación de la Fiscalía del Estado de México”, señaló.

Como parte de las acciones recientes en Morelos, García Harfuch informó que la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios en esa entidad y uno más en Querétaro, además de órdenes de aprehensión contra alcaldes en funciones, exediles, funcionarios municipales, empresarios y operadores políticos presuntamente relacionados con delitos como delincuencia organizada, extorsión, tráfico de armas y delitos contra la salud.

Entre los detenidos se encuentra Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Pablo Adrián “N”, empresario y oficial mayor de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero municipal, y Arisbel Rubí “N”, excandidata a la alcaldía.

Asimismo, el secretario confirmó que continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.

El Operativo Enjambre se anunció ante los medios en noviembre de 2024 en el Estado de México.