Incorporan 570 propuestas para fortalecer reformas en materia de desaparición

El gobierno mexicano informó que incorporó 570 propuestas legislativas y de política que provinieron de familias y colectivos de personas buscadoras, luego de las charlas que se dieron con estos grupos en búsqueda de fortalecer las iniciativas de reforma a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Algunos de los contenidos centrales incorporados son el reconocimiento del concepto de “familia social” y “nombre social”, así como el diseño de una plataforma única de identidad, segura y rastreable, a la cual podrán acceder autoridades competentes para la investigación. También se incluyó un convenio con el INE para el cruce de datos, el acceso a bases de salud, migración y adicciones, así como pruebas genéticas y dactiloscópicas obligatorias antes de inhumaciones, y un protocolo obligatorio de alerta nacional de búsqueda.

Otras de las propuestas integradas fueron: medidas de bienestar integral para niñas, niños, adolescentes y familias buscadoras —como salud, educación y actividades culturales— y mecanismos de protección para familiares, con protocolos de seguridad específicos.

Además, se mencionó que se establecieron nuevas reglas para el registro inmediato y obligatorio de reportes de desaparición, con sanciones a autoridades que omitan registrarlos o iniciar carpetas de investigación. Se mencionó la eliminación del artículo 23 bis (creación de comisiones locales de búsqueda por entidad y coordinación de éstas con la Comisión Nacional) para evitar duplicidades, el reforzamiento de los estándares científicos en análisis forense, y se obliga a publicar lineamientos del registro nacional de personas desaparecidas.

Llamado a funcionarios

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mencionó que la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas es una prioridad de Estado instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien —dijo— ha ordenado una política de atención “con respeto, dignidad, sensibilidad y empatía” hacia las víctimas.

En su mensaje, la secretaria también hizo un llamado al Congreso de la Unión a respaldar las reformas, al tiempo que pidió a las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno “cumplir con su responsabilidad y respetar en todo momento la dignidad de las personas buscadoras”.

Por su parte, el subsecretario Arturo Medina enfatizó que este proceso no concluye con la iniciativa legislativa. “Hoy, gracias a ellas (las familias), tenemos una propuesta más sensible, pero ahora sigue su traducción en reglamentos, presupuestos y política pública concreta”, dijo. También anunció que el 3 de julio se celebrará una sesión nacional de derechos humanos con las secretarías estatales para continuar con la agenda.