Fiscalías, claves para crisis de desapariciones

Familiares de personas desaparecidas y especialistas en derechos humanos llevaron ante Naciones Unidas sus testimonios y propuestas para enfrentar la crisis de desapariciones en México, en vísperas de la discusión que tendrá lugar en la Asamblea General sobre la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de activar por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas respecto de un Estado.

Omar Gómez Trejo, abogado y defensor de derechos humanos y exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, planteó que uno de los principales problemas en México es que las desapariciones continúan investigándose como expedientes individuales, pese a que existen elementos para buscar conexiones entre distintos casos.

Explicó que las fiscalías enfrentan cargas de trabajo que dificultan una investigación especializada. Un Ministerio Público puede tener decenas de carpetas a su cargo, mientras que las capacidades periciales y policiales disponibles resultan insuficientes para responder con rapidez a cada desaparición.

Por ello, propuso cambiar la lógica de investigación para identificar patrones relacionados con lugares, fechas, víctimas, perpetradores y sitios de hallazgo de fosas.

“Mientras ese cambio, esa visión no se dé, va a ser muy difícil entender” el fenómeno de las desapariciones, planteó.

Según el exfuncionario, una investigación de carácter estructural permitiría establecer qué organizaciones están detrás de las desapariciones, qué otros delitos están vinculados y cuáles son las condiciones que permiten su reproducción.

El abogado sostuvo además que las organizaciones criminales mantienen su capacidad de operación a partir de tres componentes: control territorial, una estructura económica basada en actividades ilícitas y vínculos con estructuras políticas.

Por eso, consideró que la cooperación internacional no debe sustituir al Estado mexicano, sino fortalecer sus capacidades de investigación y justicia.

Michael W. Chamberlin, presidente de Consultora Solidaria y Senior Non-Resident Fellow del Center for International Policy, sostuvo que la decisión del Comité de activar el Artículo 34 no constituye una condena contra México ni un proceso judicial y planteó que los Estados miembros de la Convención, expertos internacionales y las propias víctimas sean consultados para definir el procedimiento que deberá seguirse.