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Política

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FGR cita a 50 personas por operativo en Chihuahua donde murieron agentes extranjeros

La FGR ha emitido diversos requerimientos legales a las autoridades correspondientes para verificar el estatus oficial, las acreditaciones y las autorizaciones de seguridad de los agentes implicados.

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Fiscalía General de la República.Especial

Redacción El Economista

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció un avance clave en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, al citar a comparecer a cerca de 50 personas que participaron en el operativo donde perdieron la vida cuatro individuos, entre ellos dos agentes extranjeros.

Los agentes de la CIA, según los reportes iniciales, realizaban funciones operativas en territorio nacional como parte de una indagatoria de la Fiscalía estatal para localizar un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la institución federal inició una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias de lo cocurrido.

En este sentido, la FGR ha emitido diversos requerimientos legales a las autoridades correspondientes para verificar el estatus oficial, las acreditaciones y las autorizaciones de seguridad de los agentes implicados, además de indagar si el Gobierno de Chihuahua tenía conocimiento de su presencia y cuáles fueron los fundamentos jurídicos que justificaron el diseño y ejecución de dicho operativo.

La dependencia subrayó que la recopilación de datos de prueba busca deslindar responsabilidades y castigar posibles irregularidades, enfatizando que la FGR es la única autoridad con competencia legal para conducir investigaciones que involucren la participación de agencias externas.

Debido a la naturaleza de los hechos, indicó, la investigación se realizará de manera exhaustiva bajo la premisa de que la presencia operativa de extranjeros en el país podría constituir delitos graves en materia de seguridad nacional.

Además, la Fiscalía reiteró su compromiso de aplicar todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, garantizando que se mantendrá informada a la opinión pública sobre los hallazgos del caso conforme lo permitan los tiempos legales y el respeto al debido proceso.

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