La abogacía mexicana pugna por el bien común, por lo que no tolera que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, amague o amenace a aquellos abogados que han interpuesto recursos ante el Poder Judicial para revertir decisiones que fueron tomadas de un plumazo o contrarias al derecho, planteó Víctor Oléa Peláez.

El segundo vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados y titular del Bufete Oléa y Asociados, SC, consideró que el aumento de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, juicios de amparos y otros recursos interpuestos ante el Poder Judicial en los primeros meses de este sexenio responden a que los ciudadanos ven en este poder una esperanza para que se haga “valer el Estado de Derecho”.

“Esto denota que el Poder Judicial ha venido convirtiéndose en el contrapeso real de estas decisiones del Ejecutivo, que va a ser quien analice y decida al final del camino todos estos aspectos”.

El experto señaló que a nadie le cabe la menor duda de la legitimidad con la que fue electo López Obrador como presidente de México el pasado 1 de julio; sin embargo, dijo, ha tomado decisiones que inciden en el Estado de Derecho. Por lo que varios ciudadanos han recurrido al Poder Judicial para hacer valer su derecho y no dejarse imponer decisiones arbitrarias.

Al preguntarle si se está haciendo uso de litigio estratégico, Oléa Peláez afirmó: “Desde luego, es un punto clave en muchas organizaciones, fundaciones como la Barra Mexicana, donde se han estableciendo litigios estratégicos muy puntuales con abogados de extraordinario nivel, personal intelectual y que han venido a establecer de manera estratégica aquellos puntos sobre los cuales estamos interesados en que prevalezca del Estado de Derecho”.

Rechazó que hacer uso del litigio estratégico responda a sólo defender derechos de personas con cierto estatus social.

Los litigios estratégicos son muy útiles porque dan la pauta de que el Poder Judicial lleve a cabo un análisis profundo en determinados aspectos que al final son de interés general y que a pesar de que determinadas personas de manera puntual lo hagan y que no sea generalizado este tema, sino estratégico por determinados abogados u organizaciones de abogados, pues me parece una práctica muy conveniente porque finalmente obliga al Poder Judicial a pronunciarse sobre estos aspectos muy importantes para el mundo del derecho.

Añadió que nada justifica las intimidaciones del Ejecutivo hacia abogados que han presentado recursos ante el Poder Judicial en contra de determinaciones del Ejecutivo como la decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la eliminación de estancias infantiles, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otras.

“No debemos tolerar el hecho de que el Ejecutivo haga amagos o amenazas contra los abogados que están haciendo esos litigios estratégicos, a partir de referir que son gente corrupta o que está tratando de mantener el status quo de determinadas personas que pudieron haber invertido o no, por ejemplo, en el aeropuerto. Hemos considerado que estas especies de intimidaciones no deben ser aceptables”.

Desacatos del presidente pueden generar crisis

Víctor Oléa Peláez advirtió que si el presidente de la República desacata las resoluciones del Poder Judicial, México podría enfrentar en una grave crisis constitucional.

“Si el Ejecutivo Federal incide en una conducta anunciada de no cumplir con estas suspensiones, se puede crear una crisis constitucional con la mayor gravedad. Es importante que quien esté y esté tomando las riendas de nuestros destinos políticos se apegue estrictamente al Estado de Derecho porque si se llega a vulnerar, se va generar una crisis tremenda que va a motivar un desazón y una inseguridad jurídica que nadie queremos”.

Consideró que hasta ahora el Poder Judicial ha realizado un buen trabajo, pese a los amagos de vulnerar su independencia, concretamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Preocupémonos de que nuestra Suprema Corte se mantenga independiente y fuerte; creo que esto es un verdadero baluarte para toda la sociedad mexicana el que contemos con un Poder Judicial serio, responsable, objetivo y limitado a los aspectos estrictamente jurídicos.

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