El gobierno federal habría congelado las cuentas bancarias del líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, y de su familia, como parte de las investigaciones que se le siguen por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Lo anterior, en momentos en que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) presuntamente alista su salida de este gremio y que, de acuerdo con versiones periodísticas, sería este miércoles en pleno extraordinario de esta organización sindical.

Según el diario Reforma, fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que solicitó la inmovilización, desde el lunes, de las cuentas del líder petrolero, así como de su esposa, Blanca Rosa Durán; y de sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán.

El diario refirió que el viernes pasado, el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Sandro García Rojas, recibió las solicitudes de dicha Unidad a través de diversos oficios.

La víspera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo mejor era que Carlos Romero renunciara a la dirigencia del sindicato petrolero para enfrentar las acusaciones presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR);

“Lo mejor es no involucrar las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva”, dijo entonces el presidente.

De acuerdo con Reforma, Romero Deschamps suma nueve denuncias ante la FGR, una de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y algunas de la UIF, que presentó sus querellas por un presunto lavado de dinero que asciende a 74 millones de pesos.

Además, señaló que existe una denuncia de la Contraloría federal por presunto enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos, a través de operaciones con tarjetas bancarias y dinero en efectivo, entre 2012 y 2018, lapso en el que se desempeñó como senador de la República.

El 23 de julio pasado, el mismo diario publicó que la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, a cargo de María de la Luz Mijangos Borja, investigaba al líder sindical y a su familia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado. Sin embargo, hasta el momento la FGR no ha judicializado ninguna carpeta de investigación contra el líder sindical petrolero ni contra sus familiares.

Según publicaciones periodísticas, ante la posibilidad de que Carlos Romero deje la Secretaría General de ese sindicato antes de que termine su periodo en 2024, petroleros disidentes planean una reforma a los estatutos para que su sustituto no sea “impuesto” y se convoque a elecciones libres, secretas y directas a nivel nacional.