Piden penas más severas ante violencia de género

La violencia política por razón de género se presentó nuevamente en las pasadas elecciones, por lo que se debe aprobar una legislación que especifique cómo se debe castigar y, de ser el caso, que amerite la anulación de los comicios, sugirieron especialistas.

“hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. La Ley General (en Materia de Delitos Electorales) no tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirla y sancionarla”, explicó Georgina Cárdenas, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG).

Cabe recordar que este domingo el Tribunal Electoral Federal determinó revocar la sentencia de nulidad de la elección de la alcaldía de Coyoacán al no existir pruebas contundentes por el uso ilegal de programas sociales, así como violencia política de género, en contra de la excandidata de Morena para esa demarcación, María Rojo.

Cárdenas puntualizó que si bien las autoridades electorales elaboraron el protocolo para la atención de la violencia política con el compromiso de garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales, éstos no han tenido un resultado “favorable”.

“Lo que sigue es un área de oportunidad, por las denuncias que realizaron diversas candidatas, no sólo María Rojo, que ahí mismo desde el Tribunal Electoral o las instituciones que imparten la justicia pudieran hacer una guía u orientar a las candidatas sobre cómo tendrían que hacer una denuncia en ese tipo de situaciones”.

La especialista dijo que las mujeres, en su derecho de ser votadas, no deben vivir “desde la impunidad la violencia”, por ello deben aprobarse reformas a la ley electoral.

Cabe mencionar que 28 entidades han incorporado la modalidad de violencia política contra las mujeres en alguno de sus ordenamientos, pero no se incluyó en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En tanto, el especialista en temas de seguridad del Tec de Monterrey, Gustavo López Montiel, dijo que el Tribunal Electoral, en el caso de Coyoacán y otras entidades que registraron casos similares, tuvo que valorar si la violencia política perjudica en una elección y qué efectos causa en el electorado.

Opinó que “dictar medidas cautelares después de la elección no es lo más justo”.

“La violencia política tiene diversos casos pero no está tipificado. En ese sentido se debe considerar que si hay indicios de que un candidato o candidata es el responsable, debe retirarse su candidatura o en su caso anular una elección en casos muy extremos”.