Especialistas señalaron que en México existe una base razonable para acreditar la comisión de actos de tortura y desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, por lo que el Estado debe reconocer la situación.

Durante el foro virtual: “Tortura y desaparición forzada en México como crímenes de lesa humanidad”, coorganizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), las participantes destacaron que estas organizaciones enviaron informes a la Fiscalía de la de la Corte Penal Internacional (CPI) que documentan las alarmantes cifras de tortura y desaparición forzada en el país, cometidas por agentes del Estado o por miembros del crimen organizado actuando en colusión con las autoridades, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad competencia de la CPI.

Graciela Rodríguez, directora Ejecutiva de la CMDPDH, detalló que se han revisado 197 casos entre el 2006 y 2018 ocurridos en 26 entidades federativas por la presunta comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México, perpetrados por elementos de las fuerzas federales durante la llamada “Guerra contra las drogas”.

Asimismo, proporcionan elementos para acreditar la responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes militares adscritos a la Sedana.

En lo que refiere a las desapariciones forzadas, Jimena Reyes, Directora para las Américas de la FIDH, expuso que la FIDH e IDHEAS enviaron a la Fiscalía de la CPI un informe sobre la estructura criminal en la Fiscalía General de Nayarit.

Este informe detalló el hallazgo, entre junio del 2017 y mayo del 2020, de 30 fosas clandestinas con al menos 140 cuerpos de personas desaparecidas en ese estado.

maritza.perez@eleconomista.mx