México se coloca en el segundo país de América Latina (AL) donde sus ciudadanos se sienten menos seguros en sus comunidades, revela una encuesta internacional de la firma estadounidense Gallup.

El informe Ley y orden globales 2018 (2018 Global Law and Order) de esta encuestadora y consultora, que cuenta con 80 años de experiencia, revela que Latinoamérica y el Caribe es la región donde los ciudadanos dicen sentirse menos seguros.

La región también es hogar de casi la mitad de los países donde menos de la mitad de la población confía en su policía local.

Los resultados de Gallup se basan en entrevistas telefónicas y personales con aproximadamente 1,000 adultos, de 15 años y más, realizado durante el 2017 en 142 países.

Los datos arrojan que los habitantes de Venezuela son los menos propensos en el mundo para tener confianza en su policía local, con sólo 24% de confianza en la aplicación de sus leyes locales, México queda ligeramente rezagado a 30 por ciento.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el 2017 fue el año con el mayor registro de homicidios dolosos en la historia moderna de México.

En tanto, la ola de violencia que vive el país ha generado una creciente inseguridad que afecta principalmente a los más vulnerables ya que la justicia ha tenido tibieza en aplicar el marco jurídico penal, expresó el politólogo del Colegio de México, Rogelio Hernández Rodríguez.

“Las fallas en el Sistema Penal de Justicia siguen perjudicando la vida cotidiana de los ciudadanos, por ejemplo, hacen falta penas severas ante los delitos de alto impacto, pues son las causas fundamentales por las cuales los delincuentes cada vez son más violentos al momento de realizar un robo”, señala el experto.

Abundó que esos “errores” en el sistema penal son muestras de la grave situación que “enfrenta nuestro país en materia de seguridad y del claro aumento de violencia”.

En relación a la iniciativa del candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón de “mochar las manos” a funcionarios que roben y aplicar pena de muerte a narcotraficantes y asesinos, entregada al Senado.

Hernández Rodríguez mencionó que se deben buscar nuevas alternativas pero sin atentar con la vida humana y apegados a los derechos humanos.