Fernanda Durán es una madre soltera sonorense. Tiene una hija, Ana Sofía. Debido a que la estancia a donde llevaba a su pequeña subió la cuota que le cobraba, como consecuencia de que ya no recibió el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, dejó a su hija con la bisabuelita de la niña, que tiene una discapacidad (se desplaza en andadera).

Un día la bisabuela la descuidó y un perro atacó a la menor: le mordió la cara.

Tuvo que correr con buena parte de los gastos porque sólo cuenta con el Seguro Popular, pero no cubre todos los medicamentos y atenciones.

La herida se le infectó, es alérgica a ciertos medicamentos y tienen que suplirlos con otros más caros.

La madre de la menor relata que ahora tiene tres problemas: primero, la niña es sumamente nerviosa por el trauma por el que pasó; segundo, tuvo que afrontar un gasto extraordinario pues a diferencia de cuando la menor estaba en la estancia infantil tenía seguro y, al cancelárselo por dejar de asistir, ahora tiene que afrontar los gasto por su cuenta; y, tercero, Fernanda tendrá que trabajar mucho más nerviosa que antes, porque no tiene más remedio que seguir dejándosela su abuelita, la bisabuela de la menor.

Testimonios como éste se reproducen entre el algunos de los 300,000 niños que resultaron afectados por la decisión del gobierno de cambiar las reglas del programa y en lugar de apoyar a las estancias, decidió repartir los recursos a las madres, aunque una buena cantidad de ellas no fueron censadas y, por lo tanto, no tienen ni acceso a las guarderías ni al dinero.

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