Una decisión del máximo tribunal de Colombia pone en cuestionamiento el trabajo de la ex fiscal general de ese país, Ángela María Buitrago, quien actualmente colabora con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) para resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El 17 de diciembre pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia absolvió de una condena de 30 años de prisión y ordenó la liberación del coronel del Ejército de Colombia, Alfonso Plazas Vega, a quien Buitrago acusó de la desaparición forzada de Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez Vera, durante la toma del Palacio de Justicia de Colombia, en noviembre de 1985, por parte del grupo guerrillero M-19.

Ángela María Buitrago tenía como pieza central de la acusación contra el coronel una supuesta declaración del cabo retirado Edgar Villamizar Espinel, quien se presentó ante el juez 55 penal del Circuito de Bogotá, donde negó haber firmado una declaración en la Escuela de Caballería contra Plazas Vega. La supuesta declaración fue presentada con la firma de Buitrago, el procurador delegado Henry Bustos, el investigador Pablo Vásquez y el fotógrafo Efrén González.

Según Buitrago, Édgar Villamizar llegó por voluntad propia a la Escuela de Caballería en el 2007, donde en declaración dijo que Plazas Vega había dado la orden: cuelguen a esos hijueputas , refiriéndose a algunos de los sobrevivientes que salieron del Palacio. Esas personas, según el testigo, habían sido llevadas a la Escuela, donde fueron torturadas.

Sin embargo, la Sala Penal determinó que no hay pruebas que relacionen al ex Coronel con las desapariciones por las que lo procesaron, con lo que echó abajo el expediente elaborado por Buitrago.

Por ello, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que preside el abogado José Antonio Sánchez Ortega, exigió que María Buitrago sea removida del GIEI, por su actuación de mentiras, prevaricato y violación de los derechos humanos’’ en su país.

Apoyan a Buitrago y cuestionan justicia colombiana

Tras la liberación del Coronel Alfonso Plazas Vega, diversas organizaciones sociales de Colombia agrupadas en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, cuestionaron dicha liberación, pues dijeron que supone una nueva afrenta hacia los familiares de los desaparecidos y la sociedad colombiana.

Argumentaron que en el juicio emprendido por Buitrago está sustentado que el coronel Plazas Vega estuvo desde un puesto de mando gestionando el traslado, las órdenes de tortura y retención a las personas sospechosas de ser guerrilleras o especiales . Por ello, resulta inexplicable que la sala desconozca la participación directa de Plazas Vega en la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, quienes salieron con vida del palacio en poder del Ejército y fueron conducidos a este puesto de mando sin que hasta hoy se tenga conocimiento de su paradero .

El Estado colombiano debe cumplir con sus responsabilidades internacionales, esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas durante la retoma del Palacio de Justicia , afirmaron.

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