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Ley de transparencia, con fallas en materia de sujetos obligados
Las observaciones del Inai incluyen el acceso a información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) refirió imprecisiones en el proyecto de dictamen de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, misma que está en proceso de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados.
A través de una nota y un anexo técnico, el instituto hizo saber a los legisladores la necesidad de que los sindicatos, al ser nuevos sujetos obligados, además de mantener actualizada su información en su sitio de Internet, deberán tener la misma impresa a fin de realizar consultas directas.
Mientras que en materia de seguridad pública y procuración de justicia, debe ser obligatorio mencionar la autorización judicial correspondiente para los casos de intervención de comunicaciones privadas.
El Inai detalló que con relación a los sujetos obligados, se debe especificar a los sindicatos como sujetos obligados, incluyendo esto expresamente en el artículo 1 de la normativa.
Es necesario incluir que los sujetos obligados deberán publicar aquella información o documentos que entreguen, en cumplimiento a una resolución del instituto , puntualizó en un documento.
Sobre los plazos, el organismo comentó la necesidad de respetar el correspondiente a un máximo de 30 días, establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para la resolución del procedimiento sancionador y no ampliarlo a 38 o 46 días, como se plantea en el proyecto de dictamen.
Con relación a los recursos públicos, el Inai precisó que se debe eliminar la acotación de que éstos son aquellos correspondientes al ámbito federal, ya que de no modificarse, se limitaría el acceso a la información relacionada con los que involucren otro ámbito.
Destacó que tras las modificaciones realizadas al proyecto por parte de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, ahora el Inai tendrá la facultad de determinar en qué casos se privilegiará el acceso a la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad o con actos de corrupción .
