El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunció que semanas antes del incidente en Tlatlaya, Estado de México, hubo órdenes militares de abatir a los delincuentes.

En el informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir , documentó una Orden de Relevo y Designación de Mando del teniente involucrado en los hechos, en los que el 102 Batallón de Infantería de la 22 zona militar, una semanas antes de la masacre, instruyó a dicho oficial lo siguiente: Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad .

En un documento que consta de cinco capítulos, el Centro Prodh afirma que la aparición de dicha orden -obtenida legalmente mediante un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad militar- obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando.

Sobre todo considerando que en el propio expediente el término abatir es empleado de manera unívoca para aludir a la privación de la vida humana. Por ello, insistió, el esclarecimiento del caso Tlatlaya demanda que por primera vez se investigue en México con eficacia y debida diligencia la cadena militar de mando hasta sus últimas consecuencias.

En conferencia, la testigo Julia refirió que la falta de un esclarecimiento pleno de los hechos y el manejo irresponsable de lo concerniente a la reparación del daño por las instancias estatales, le orillaron a pronunciarse públicamente en este primer aniversario para exigir justicia y seguridad.

La principal testigo de los hechos reivindicó la memoria de su hija Erika, adolescente de 15 años privada de la vida en el suceso. Refirió que la joven no ha sido considerada víctima pese a los indicios de que la evidencia fue manipulada también respecto de ella.

De igual forma, Julia explicó que al difundirse públicamente con falsedad que ella habría recibido una reparación millonaria, se le ha puesto en un peligro inminente, por lo que responsabilizó al gobierno federal de cualquier atentado contra su persona.

Ante este panorama, el Centro Prodh presentó 11 recomendaciones puntuales para que se garantice justicia y verdad ante los hechos de Tlatlaya, entre las que destacan: crear una nueva comisión indagatoria en la que participen especialistas independientes conforme al Protocolo de Minnesota; realizar un nuevo ejercicio de acción penal por la totalidad de las víctimas de ejecución; interrogar en el fuero civil a todos los mandos militares que podrían tener responsabilidad por su calidad de superiores jerárquicos conforme a la cadena de mando y suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa para abatir delincuentes .

Asimismo, recomienda transparentar enteramente los expedientes asociados al caso y, por último, reparar el daño causado a Julia desde una perspectiva integral, evitando colocarla en riesgos adicionales.

La organización civil indicó que información sobre la existencia en México de órdenes abiertamente contrarias a los derechos humanos ha sido enviada al relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional.

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