Diputado exige destitución de funcionarios por “Casitas del Sur”

El diputado Agustín Castilla exigió al gobierno capitalino la destitución inmediata de los funcionarios Juan Guillermo Ramos Espinoza y de Martín Nakagawa, por el nulo avance en las investigaciones sobre el albergue "Casitas del Sur".

Castilla Marroquín indicó que Ramos Espinoza es fiscal de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y Nakagawa Rodríguez es director de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General capitalina.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) también solicitó abrir una investigación sobre la actuación de las fiscalías para la Seguridad de las Personas y del Menor de la PGJDF, en la desaparición de 11 niñas y niños de ese albergue.

Consideró inaceptable que desde que la Procuraduría General de la República atrajo el caso, "parece que el gobierno capitalino optó por lavarse las manos y quitarse un problema de encima en lugar de cumplir con su trabajo".

Castilla Marroquín además pidió al procurador capitalino Miguel Angel Mancera que informe si Alicia Azzolini, ex fiscal para menores, y Lorena González Reyna, ex directora del Albergue Temporal de la PGJDF, continúan laborando en algún área de esa institución.

Instó a Mancera Espinosa a investigar los vínculos entre Gerardo Uriel Tufiño Sandoval, director de Recursos Humanos de la PGJDF, y Juan Carlos Tufiño Díaz, a quien se ha señalado como miembro de Reintegración Social AC de la Iglesia Cristiana Restaurada.

"A ocho meses de haber denunciado por primera vez la desaparición de una menor de 10 años y de que acudí ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGJDF y ante la Contraloría General, para exigir que se investigara la presunta responsabilidad de funcionarios de la Fiscalía para Menores y del Albergue Temporal, no me han citado aún", dijo Castilla Marroquín.

Por lo tanto, opinó, es evidente la responsabilidad de funcionarios en este y en otros casos de menores desaparecidos que estaban bajo su resguardo cuando menos por negligencia u omisión.

El legislador panista precisó que en el caso de la denuncia administrativa no ha sido citado para ratificarla ante la Contraloría y a su juicio "esa instancia se ha convertido una vez más en la tapadera del gobierno capitalino o en en la oficina de asuntos sin resolver".

Dio a conocer que envió un oficio a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que se informe sobre la situación jurídica de la Iglesia Cristiana Restaurada.

/doch