La decisión del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito de absolver a tres militares acusados de homicidio en el caso de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, exhibe que en el país existe un serio déficit de rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas en caso de violaciones a derechos humanos, refirió Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Entrevistado en calidad de defensor de Clara Gómez González, testigo y madre de una de las víctimas, Aguirre alegó que dicha resolución evidencia que las instituciones en materia de justicia no están a la altura de la crisis en derechos humanos que hay en el país.

El fallo, abundó, habla de una PGR que no realizó una acusación con la máxima solidez posible;un Poder Judicial que con frecuencia es laxo frente a los abusos que comete el Ejército y de una CNDH que, pese a emitir recomendaciones, no es suficientemente productiva para evitar la impunidad.

Agregó que la sentencia tiene serias deficiencias, toda vez que la autoridad judicial dio valor probatorio preponderante a las declaraciones realizadas por las sobrevivientes frente a la Procuraduría General del Estado de México, aun cuando en la recomendación 51/2014 reporta que se llevaron a cabo bajo malos tratos.

Aclaró que la sentencia no es definitiva. Ello tomando en cuenta que los familiares aún pueden interponer juicio de amparo.

Paralelamente, el Prodh, al representar a Clara Gómez González, valora las acciones legales -nacionales e internacionales- que puedan realizar.

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