Un tema que será impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2016 será la renovación de las juntas de Conciliación y Arbitraje. Incluso, se ha anunciado que será presentada una iniciativa de ley al respecto, en el periodo de sesiones de febrero.

El diagnóstico que elaboró el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sobre justicia cotidiana identifica que el desempeño actual de las juntas no es idóneo y tiene graves problemas de operación.

Resulta impostergable revisar de manera seria, documentada y rigurosa su diseño para proponer soluciones de fondo, al mismo tiempo que se pueden tomar medidas inmediatas para avanzar en su profesionalización, proteger a trabajadores en condiciones de vulnerabilidad y eliminar áreas de discrecionalidad que existen y a menudo se convierten en focos de corrupción .

Por ello se ha propuesto que una de las primeras tareas sea revisar la estructura tripartita de las juntas (representantes de obreros, patronos y gobierno) y su eventual incorporación a los poderes judiciales.

De acuerdo con el sitio electrónico de la Secretaría del Trabajo, las juntas tienen como objetivo impartir justicia en las relaciones laborales, mediante la conciliación, garantizando a trabajadores y patrones o empleadores el respeto a la ley.

Así, conforme al resultado de los foros de consulta solicitados por el mismo gobierno con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil y que llevaron a elaborar propuestas y recomendaciones por parte del CIDE, se plantea que tanto los interesados (empleados y empleadores) como los operadores (gerentes, abogados y funcionarios de las juntas) han coincidido en que el número elevado de asuntos genera que la justicia sea cada día más lenta, distante del conflicto que le dio origen y con una resolución poco satisfactoria para las partes.

En primer término, debe señalarse que no todos los conflictos obrero-patronales se llegan a presentar ante las juntas, de tal forma que en algunos casos las partes inmersas en un conflicto prefieren absorber sus pérdidas, antes que recurrir al Estado para que éste intervenga en la búsqueda de soluciones .

Algunas recomendaciones del CIDE son: otorgar autonomía e independencia administrativa a las juntas; crear programas efectivos de educación e información en los que se enfatice el conocimiento y ejercicio de los derechos, así como de las instituciones que protegen a las personas; crear mecanismos de asistencia jurídica temprana (call centers, páginas de Internet, mesas de trámites, manuales); diseñar mecanismos para profesionalizar personal de las juntas, y establecer indicadores públicos de gestión que permitan evaluar su desempeño.

Asimismo, plantea profesionalizar y aumentar el número de verificadores; incrementar y mejorar la calidad de abogados y defensores de oficio; desarrollar al interior de las representaciones sindicales y agrupaciones patronales, habilidades, competencias y capacidades para representar con estándares de profesionalismo, capacidad y competitividad a sus agremiados en conflictos obrero-patronales de naturaleza individual, y crear una instancia federal que facilite la mediación y la negociación precontenciosa.