El derecho a la verdad, más allá de una obligación del Estado, garantiza la tranquilidad emocional, brinda seguridad y es un medio de reparación para las víctimas. Sin embargo, a un año del homicidio múltiple en un apartamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, las familias de las cinco víctimas siguen sin tener certeza de lo que ocurrió en el 1909 de la calle Luz Saviñón.

La justicia mexicana siempre deja las cosas a medias; no resuelve o cierran casos con una respuesta sin argumentos , reclama Alma, hermana de Rubén Espinosa, fotoperiodista y una de las cinco personas que fueron asesinadas el 31 de julio de 2015.

Leopoldo Maldonado, abogado integrante de Artículo 19, organización internacional que ha acompaña a las hermanas de Rubén, explica que en casos de aversiones -tanto a la prensa como a todas las víctimas- el derecho a la verdad se convierte en requisito mínimo para garantizar el tránsito a una verdadera democracia.

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Mientras sigan sin resolverse lo acontecido el 31 de julio en la colonia Narvarte, la confianza en las instituciones, la confianza en el Estado mexicano no podrá restañarse , advirtió.

Ser periodista en Veracruz

Rubén Espinosa salió de Veracruz el 09 de junio del año pasado huyendo de amenazas y acosos que, afirmó, recibía. Poco más de un mes después fue asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento en la Ciudad de México. No estamos casadas con la idea que fue el gobierno de Veracruz quien lo mandó matar; pero no nos han dado argumentos sólidos que nos digan qué ocurrió , refiere Patricia Espinosa, la otra hermana del fotoperiodista.

No hay que olvidar que Rubén dejó Veracruz arrasando amenazas , recuerda José Uriel Rosas, vocero de la Delegación de Veracruz del Club de Periodistas de México A.C. En la entidad gobernada por el priista Javier Duarte Ochoa los reporteros trabajan en un clima precario e inseguro, estar al amparo de la Comisión Estatal para la Protección a Periodistas, lejos de otorgar una sensación de seguridad al profesionista amenazado, lo deja en el centro del blanco.

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Un año después del multihomicidio de la Narvarte; el móvil sigue pendiente. Este caso levantó voces de la opinión pública en el sentido que en México y en particular en Veracruz, ser reportero se ha convertido en una profesión de alto riesgo.

El 20 del mes en curso, Pedro Tamayo Rosas, periodista veracruzano de Al Calor Político y Piñero de la Cuenca, recibió un disparo frente a su casa. Había estado bajo protección policial desde que comenzó a recibir amenazas en enero de este año.

Uriel Rosas relata que desde el inicio de la actual administración estatal, las agresiones en contra del gremio ha ido en aumento; en particular en contra de aquellos que cubren la nota roja. Los compañeros temen ejercer esta profesión, la cual se ha convertido en la más peligrosa , observa Uriel Rosas.

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El gremio pide seguridad, la cual al no garantizarse, ha convertido en insostenible la situación que viven los profesionistas de la comunicación en este estado sureño de México. Sin embargo, el gremio ha perdido confianza en la actual gubernatura y espera el relevo de gobernador para tener respaldo y garantía de vida.

Sobre los ataques en contra de informadores, el Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, advierte que intimidan al gremio e impactan negativamente el derecho a la libertad de expresión, privando a la sociedad de su derecho a la información .

En tanto, Irina Bokova, Directora General de la Unesco, tras condenar el asesinato de Pedro Tamayo Rosas, advirtió que Las armas no deben usarse para circunscribir la libertad de prensa y la libertad de información, esenciales para la democracia y el estado de derecho .

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Recientemente, el coordinador sénior del programa de las Américas del el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Carlos Lauría advirtió que Veracruz es actualmente el lugar más letal para el ejercicio del periodismo en el hemisferio occidental, y las autoridades estatales han demostrado que carecen de la voluntad y la capacidad de resolver los asesinatos de periodistas .

Según registros del CPJ, al menos seis periodistas han sido asesinados en Veracruz en relación directa con su labor desde que el gobernador Javier Duarte Ochoa asumió el poder en 2010. Además esta organización internacional investiga otros nueve casos, entre ellos el de Tamayo, para determinar si los periodistas fueron asesinados en represalia directa por su labor.

Dichos crímenes ha quedado sólo en documentos, de acuerdo con José Uriel Rosas. Ninguno ha quedado en solución y apelar al mecanismo estatal de protección ha dejado de ser una opción para los periodistas, pues -relata- existe la sensación de que, al ser parte del estado, más que protegerlos, los exhibe.

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