Naciones Unidas informó tener sólidos motivos para creer que un grupo de personas investigadas en el conocido caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero hace tres años, fue detenido arbitrariamente, torturado para obtener confesiones y que esas "graves violaciones" fueron encubiertas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) divulgó el reporte "Doble injusticia" en el que destacó la necesidad de que las autoridades actúen para evitar la práctica institucional de la tortura "así como de su tolerancia y encubrimiento".

El alto comisionado Zeid Ra'ad al-Hussein dijo en el reporte que recomendó una pesquisa para hallar a los responsables de violaciones dentro del "caso Ayotzinapa".

El organismo señaló que "cuenta con fuertes elementos de convicción" para concluir que al menos 34 personas habrían sido torturadas, de un total de 129 imputadas en la primera fase de la pesquisa por la desaparición en septiembre de 2014 de los estudiantes, que habían tomado autobuses para participar de una protesta en la capital cuando fueron atacados por policías.

ONU-DH cree que las formas de tortura identificadas son consistentes con las reportadas durante años en México por otros organismos internacionales como golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica.

"En todos los casos analizados, los individuos (detenidos) presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura", añade el informe.

Los involucrados en estos abusos serían elementos de la fiscalía, de la policía federal y militares de la Marina.

En el informe se destaca además la existencia de una serie de declaraciones auto inculpatorias "libres y espontáneas" hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones que constan en los partes médicos y que en muchos casos fueron justificadas de manera poco creíble como "autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas".

La representación de México en Ginebra precisó que el embajador no estaba inmediatamente disponible para comentar el reporte.

La noche del 26 de septiembre, estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa se apoderaron en la ciudad de Iguala de autobuses que usarían para sus movilizaciones, pero fueron detenidos por policías locales. Según la hipótesis oficial, los policías entregaron a los estudiantes al cartel Guerreros Unidos, que los habría asesinado para luego arrojar sus cenizas a un río. Pero expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cuestionado dicha versión.

En sus recomendaciones, el Alto Comisionado llama a la fiscalía general a investigar e identificar a los responsables, y a sus superiores jerárquicos, de estas violaciones a los derechos humanos y llevarlos ante la justicia.

También llama a la fiscalía y al Poder Judicial a desestimar las pruebas obtenidas y exhorta al Ejecutivo mexicano a crear un consejo asesor de lucha contra la impunidad que a su vez impulse reformas que fortalezcan las capacidades de investigación.

erp