La soberanía de los que vienen

Valentina nació el lunes en un hospital público de Culiacán. Pesó tres kilos doscientos gramos y, antes de tener acta de nacimiento, ya debía 151 mil pesos. Nadie le preguntó. Tampoco eligió nacer en una ciudad donde su madre calcula a qué hora es prudente salir a la calle, ni en un país que todavía quema combustóleo para encender la luz de su cunero. Valentina es un personaje ficticio; su deuda, no.

Los 151 mil pesos son la deuda pública por habitante en 2026. El año próximo serán 160 mil. Según el Paquete Económico 2027, el saldo histórico de la deuda llegará a 55% del PIB, y la propia Hacienda admite que seguirá subiendo hasta 56.4% en 2030. Solo en intereses pagaremos 1.57 billones de pesos, 4% del PIB: más que el déficit entero (3.9%) y más que toda la inversión pública (2.9%). Son 17 de cada 100 pesos que ingresa el gobierno, el nivel más alto desde 1999. Dicho sin tecnicismos, pedimos prestado para pagar réditos y gasto corriente, no para construir lo que Valentina usará. Y la economía que debería pagar la cuenta apenas se mueve: el Banco de México espera un crecimiento de 1.5% este año.

En 1789, Thomas Jefferson le escribió a James Madison que la tierra pertenece en usufructo a los vivos y que ninguna generación tiene derecho a contraer deudas que no pueda pagar en su propio tiempo. Madison le respondió que algunas deudas sí se justifican: las que dejan obras que también disfrutarán los hijos. Es justo el criterio que México incumple. Nuestra Constitución dice algo parecido en su artículo 39: el pueblo tiene "en todo tiempo" el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. En todo tiempo, no solo en este sexenio. La soberanía también es de quienes aún no votan.

Desde 2018 nos han vendido la versión contraria: la soberanía como bandera del presente. En su nombre se apostó todo al petróleo. El resultado: Pemex perdió 28 mil millones de pesos en el primer semestre, pese a recibir 100 mil millones del erario en aportaciones de capital, según el IMCO. En su nombre se frenó la inversión privada en renovables: la ley fijaba 35% de generación limpia para 2024 y en 2025 apenas llegamos a 21%, según la propia CFE. La meta se recorrió a 38% para 2030. El carbono emitido en estos años seguirá en la atmósfera cuando Valentina tenga nietos; ese daño no admite renegociación.

A la cuenta fiscal y ambiental se suma la institucional. Un país donde regiones enteras obedecen al crimen, y donde fiscales estadounidenses acusan a gobernantes de trabajar para él, hereda un Estado disminuido. Quien nace hoy en Sinaloa, Guerrero o Michoacán recibe, además de la deuda, un mapa donde el Estado ya no decide. Es la pérdida más difícil de revertir: la deuda se refinancia, pero la autoridad cedida tarda generaciones en regresar.

Aquí está la contradicción de fondo. Un gobierno que se dice de izquierda practica la política más regresiva que existe: transferir riqueza y opciones de los que vienen a los que están. "Primero los pobres" no alcanza a los pobres de 2050, que pagarán intereses en lugar de escuelas, vivirán con menos agua y tendrán menos margen para corregir. El nacionalismo que defiende la soberanía frente a Washington la entrega, sin pudor, frente al calendario. Ningún niño de hoy votó por Dos Bocas ni por el déficit de 2024, pero todos los pagarán.

Valentina podrá votar en 2044. Habrá que ver sobre qué. Si el presupuesto ya está comprometido en pensiones e intereses, si el acuífero ya se agotó y si el territorio ya tiene otro dueño, su boleta decidirá muy poco. Soberanía es que a ella le quede algo por decidir.