Más punitivismo, mismas fiscalías

La semana próxima se abrirán en el Congreso sesiones de consulta acerca de la iniciativa de Ley Nacional para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio presentada por la presidenta el 15 de julio. Se plantea que con esta ley “todas las fiscalías [tendrán] una ley para acabar con la impunidad del feminicidio” (comunicado Presidencia). ¿Qué lleva a pensar que una nueva ley será mejor acatada por fiscalías que no han aplicado la Ley General de Acceso (LGAMVLV), varias veces reformada, o por un poder judicial menos capacitado en PEG que el anterior? Perpetuar el fetichismo de la ley para postular que “ahora sí” el Estado se compromete a “erradicar”el feminicidio, recurrir, como remedio mágico, al demagógico y contraproducente punitivismo legal, dejar intocadas a instituciones viciadas y deficientes como las fiscalías o el actual poder judicial, es caer de nuevo en la simulación.

Como supuesta novedad, la iniciativa determina la obligación de “investigar cualquier muerte violenta de mujer como feminicidio”, ya plasmada en la sentencia Mariana Lima de la SCJN (2015); plantea homologar el delito en los estados, ya reiterada recomendación de la CEDAW. También propone, y esto es grave, penas de entre 40 y 70 años de cárcel, sin posibilidad de acortar la sentencia. ¡El  PVEM propuso otra ley, para feminicidio infantil, y penas de 80 años! ¿Por qué un gobierno “del pueblo” adopta el punitivismo populista de la ultraderecha? ¿Ignora que especialistas en justicia penal y género han demostrado que aumentar las penas no previene ni disminuye el delito? ¿Pretende, además, sobresaturar más cárceles  ya sobrepobladas e inhumanas? ¿O incentivar el ocultamiento del crimen o los tratos y tretas para torcer la investigación y el juicio?

 El problema no es que la sanción sea insuficiente, las deficiencias y vicios radican en el sistema de justicia, desde quien recibe la denuncia y revictimiza a la familia denunciante, obligándola a repetirla una y otra vez, hasta quien debe juzgar con PEG, honradez y sentido de justicia y no lo hace, pasando por quienes no resguardan la escena del crimen o las pruebas o  quienes manipulan o pierden el expediente… Desde  que empezamos a investigar los feminicidios en Ciudad Juárez, abogadas, académicas, activistas y organismos internacionales han reiterado que debe sancionarse  a servidores públicos, de todo nivel, omisos, coludidos o corruptos. Las normas vigentes ya determinan diversas sanciones, pero prevalece la impunidad.  Habrá que insistir: mientras no se capacite con sentido ético y no se sancione a quienes operan, facilitan o toleran la corrupción u omisión en fiscalías y juzgados, las leyes serán inútiles. Mientras no se depuren y reestructuren todas las fiscalías para eliminar vicios, incluyendo influencia política o criminal, y no tengan recursos y personal capacitado suficiente, instalaciones y horarios decentes, será inútil crear nuevas fiscalías “especializadas”.

Por otra parte, desde hace décadas se ha subrayado también la importancia de la prevención. La violencia contra las mujeres y niñas, derivada de relaciones de poder desigual, tolerada y normalizada desde sus manifestaciones más “leves”, como el acoso o la discriminación de género, por un Estado y una sociedad machistas, no se previene con campañas improvisadas ni sólo con penas “ejemplares”. Como han propuesto especialistas en género y educación, hacen falta programas integrales que, desde pre-escolar, y sobre todo desde la secundaria, incidan en la socialización de  niños, niñas y adolescentes para enseñarles a establecer  relaciones igualitarias y respetuosas. Esto implica un compromiso del Estado de invertir en una educación en y para la igualdad a corto y largo plazos. Es urgente.

En estas semanas, activistas y  especialistas que han luchado por décadas contra el feminicidio han expresado críticas constructivas a esta iniciativa y señalado la necesidad de considerar el marco jurídico existente y las fallas que obstaculizan la justicia. Las críticas y propuestas basadas en la experiencia de abogadas/os, activistas y familias víctimas deben ser tomadas en cuenta con seriedad.