Las jeringas y las cucharas son las culpables

Si quisiéramos resolver el problema de las drogas con la lógica que se busca aplicar a las redes sociales, bastaría con regular las jeringas y las cucharas. La producción, trasiego, consumo y consecuencias del narcotráfico quedarían resueltos. Es absurdo porque una herramienta o tecnología puede facilitar una conducta, pero no explica por sí sola por qué una persona decide realizarla.

El 1 de octubre dos gemelos de 18 años, exalumnos de un plantel en Torreón, atacaron con machetes y petardos y mataron a la subdirectora. Cuatro personas resultaron lesionadas. Las notas periodísticas dicen que los hermanos consumían contenidos violentos y que imitaron crímenes cometidos en Estados Unidos. Un día antes, un joven con dos cuchillos agredió a trabajadores y a un alumno en una secundaria de Querétaro.

El gobierno federal supo leer y aprovechar políticamente el incidente. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció un decreto dirigido a las plataformas para detectar, reportar y retirar contenidos que inciten la violencia. El Centro Nacional de Inteligencia reforzará el monitoreo de redes, mensajería y foros. También plantea regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales.

La culpa es de las plataformas. No de la perturbación de los jóvenes. No del contexto socioeconómico. No de la violencia que vive el país. No de los padres ni del hogar. ¿Qué evidencia demuestra que una regulación reducirá la violencia en las escuelas?

Un estudio de 2022, “Tiroteos escolares: patrones de experiencias adversas en la infancia, acoso escolar y redes sociales”, sobre 25 agresores escolares en EE.UU. encontró que 88% tenía alguna cuenta en redes y 76% había publicado contenido relacionado con armas o amenazas. El estudio encontró antecedentes adversos de infancia en 72% de los casos y experiencias de bullying en 60%.

El estudio publicado en PubMed no demuestra que las redes causaron los ataques ni evalúa una política de retiro de contenidos. Los autores recomiendan considerar el uso de redes, el acoso y las experiencias adversas al evaluar riesgos entre adolescentes. La conclusión es identificar señales de alerta y atender factores personales y sociales, no limitarse a vigilar pantallas.

Una revisión publicada en septiembre de 2026, “Evidencia que respalda las estrategias legislativas sobre redes sociales”, publicada en JAMA Network Open, examinó 39 estudios, políticas y documentos sobre medidas legislativas relacionadas con redes sociales y adolescentes. Analizó restricciones de edad, supervisión parental, uso de teléfonos en escuelas, diseño de plataformas… La conclusión fue que existen beneficios potenciales, pero faltan evaluaciones sistemáticas para establecer la eficacia, viabilidad y consecuencias no deseadas de las estrategias legislativas.

El Servicio Secreto de Estados Unidos analizó 41 ataques escolares entre 2008 y 2017 y no halló un perfil de agresor. Ocho de cada 10 sufrieron acoso. Nueve de cada 10 tenían problemas de salud mental. Casi todos (94%) vivían factores negativos en casa. Dos de cada tres comunicaron su intención de atacar. La mitad mostró interés en temas violentos, pero ese dato aparece junto al acoso, el hogar roto y las señales ignoradas. La alerta existió, faltó quien la atendiera.

Por último, el programa Connect & Redirect to Respect en escuelas de Chicago sigue las disputas en redes y las canaliza a adultos que hablan con los estudiantes en riesgo. La evaluación halló indicios (no pruebas) de menor riesgo de ser víctima de disparos, menos suspensiones y más asistencia.

El gobierno puede regular plataformas con más facilidad que a una familia, escuela, barrio o las condiciones que rodean a un joven. Es más sencillo ordenar a una empresa que retire un video que preguntar por qué un adolescente llegó a identificarse con comunidades que vanaglorian la violencia. Es más fácil exigir un algoritmo de detección que construir sistemas eficaces para identificar señales de riesgo en las escuelas. Es políticamente factible vigilar redes que fortalecer la atención psicológica, la convivencia escolar, la participación de las familias y los mecanismos para reportar amenazas.

Hay conductores desesperados por un bloqueo o una marcha que han embestido a personas inocentes. Nadie propone regular los autos. Se entiende que el problema es más complejo. Los agresores de Torreón usaron machetes. Nadie pide regular las ferreterías. Un teléfono no es responsable de una amenaza enviada por mensaje. Una cámara tampoco es responsable de la violencia que registra. La herramienta importa, el contexto importa mucho más.

No significa absolver las plataformas. Sus sistemas de recomendación amplifican contenidos. Sus reglas de comunidad deben prohibir amenazas, incitación a la violencia, odio y discriminación. Deben disponer de mecanismos para reportar riesgos y responder ante amenazas.

Pero no todo video violento hace su apología. Un periodista graba un ataque para documentarlo. Un ciudadano transmite una agresión para denunciarla. Un medio publica imágenes de una tragedia para informar. Una víctima comparte evidencia de un delito. El mismo material que para un algoritmo parece “violento” puede tener un valor informativo, periodístico o probatorio. La moderación automática no siempre entiende el contexto.

Las plataformas deben colaborar. Las familias, participar. Las escuelas deben tener mecanismos de detección temprana. Los jóvenes necesitan educación digital y acompañamiento. Las autoridades deben atacar las causas de la violencia con políticas públicas eficaces, investigar amenazas y actuar antes de que se conviertan en delitos. También hace falta producir evidencia mexicana sobre violencia escolar, salud mental, bullying, entorno familiar, condiciones socioeconómicas y consumo de contenidos digitales para no depender de estudios cuya situación es distinta.

Culpar las redes sociales ofrece una explicación cómoda porque coloca al problema en una pantalla que puede regularse con un decreto. Pero la violencia no nació con TikTok, Instagram o YouTube. Internet puede amplificarla, documentarla o facilitar procesos de radicalización, pero no la genera.

Las plataformas no son las culpables de lo que ocurre detrás de una pantalla. El Estado necesita algo más efectivo que ordenar el retiro de contenidos y entender por qué algunos jóvenes llegan a las últimas consecuencias. Las jeringas y las cucharas no explican la adicción. Las redes no explican Torreón. Son el espejo de un país que no escuchó a tiempo a dos jóvenes. Castigar al espejo no cambia el rostro.

X: @beltmondi