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Opinión

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¿Víctimas colaterales?

A ocho años del avionazo en el que fallecieron Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos, todavía quedan heridas sin sanar de esa tragedia que enlutó al calderonismo.

El Lear Jet 45 matrícula XC-VMC impactó contra inmuebles (y) vehículos estacionados y en tránsito, causando la muerte de 16 personas, entre ellas, los nueve a bordo del aparato , describió el informe final sobre el accidente, elaborado por la Dirección General de Aeronáutica Civil; en tierra resultaron lesionadas aproximadamente 20 personas .

Ese informe reconoció al menos 16 personas con heridas graves. Y entre ellos, tres extranjeros: una finlandesa, un francés y un venezolano, según las autoridades mexicanas. Pero no eran tres, sino dos. Y es que Paul Henri Gimenez ? también conocido como Pablo Giménez Soucy o Pablo Enrique Giménez Soucy tiene la nacionalidad francesa, aunque nació en Caracas.

En agosto del 2008 cuatro meses antes del accidente Paul había llegado a México, después de obtener un ascenso en su trabajo, en HBO.

El informe contiene un resumen del testimonio ofrecido por medio centenar de testigos, entre paramédicos, guardias de seguridad de los edificios aledaños a la zona cero el cruce de Ferrocarril de Cuernavaca y Monte Pelvoux y transeúntes. En éste, un publicista que había salido a las 6 de la tarde de su oficina recordó que manejaba por Pedregal, una calle paralela a Monte Pelvoux. Entonces, escuchó un estallido, vio que el auto que estaba adelante se incendiaba. (Hubo 34 vehículos siniestrados. A uno de ellos, en el costado derecho, le impactó un ala).

En ese vehículo iba Giménez, quien saltó la ventana. El pavimento era un charco de llamas y allí quedó inerte, hasta que recibió los primeros auxilios. Con 65% de su cuerpo lesionado por quemaduras de segundo y tercer grado, ingresó al hospital Manuel Gea González, en el que permaneció apenas una noche. El 5 de noviembre del 2008 fue trasladado al Ángeles del Pedregal, donde lo estabilizaron y tras de 10 días, fue remitido a la unidad para quemados del Hospital Presbiteriano de Columbia, en Nueva York.

Allí sufrió una embolia pulmonar aguda y tuvieron que sustraer músculos muertos de su estómago y de su pierna derecha. Con el abdomen abierto, tuvo que someterse a sendas laparatomías y traqueotomías. Estuvo en coma y recibió injertos de piel que cubren más de 20,000 centímetros cuadrados. Ocho meses después, había sido sometido a más de 60 procedimientos quirúrgicos, entre ellos la amputación de las articulaciones distales de las manos.

Todas y cada una de las quemaduras, lesiones y daños sufridos por Pablo son consecuencia del avionazo del 4 de noviembre de 2008. Durante dos años, Pablo trató de que el gobierno mexicano pagara sus gastos hospitalarios y le garantizara una indemnización. Ante el fracaso de las negociaciones, el 3 de noviembre del 2010 acudió a los tribunales. El Lear Jet 45 era propiedad de la Secretaría de Gobernación, la tripulación estaba empleada por esa dependencia federal y sus pasajeros cumplían con una comisión de trabajo. La reclamación también involucró a la Secretaría de Comunicaciones, al Seneam y a la DGAC.

Tres semanas después, AXA Seguros adelantó 28 millones de pesos. Y en enero del 2011, los representantes jurídicos de Gobernación y la SCT contestaron a la demanda considerándola improcedente, pues dijeron los daños ya habían sido íntegramente cubiertos por la aseguradora. El 18 de marzo del 2011, Paul presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, donde quedó radicado el expediente 7002/11-17-01-01 en la primera sala metropolitana.

Después del desahogo de pruebas, el caso fue atraído por el pleno de la Sala Superior y turnado a la ponencia del magistrado Víctor Orduña Muñoz. Hasta 30 meses después, el asunto fue resuelto en sesión pública. Los magistrados absolvieron a la Segob. Los funcionarios de la SCT, por el contrario, habrían incurrido en actividad administrativa irregular .

¿Por qué eximió de responsabilidad civil a la Secretaría de Gobernación? Si bien faltó monitoreo de estándares de seguridad tanto por parte de la DGAC como de la Segob, fue en el Palacio de Covián y no en el SCOP donde asignaron los contratos para la prestación de servicios a la empresa CSAE, que operaba la aeronave y contrató a una tripulación, sin el entrenamiento debido.

La sentencia les ordena pagar los gastos médicos en los que Pablo tendrá que incurrir. Sobre los perjuicios causados determinó una reparación como si se tratase de una reclamación laboral, sin tomar en cuenta la afectación que provocó en Pablo una incapacidad permanente, que lo imposibilita a trabajar y desarrollar el proyecto de vida que había forjado.

Los magistrados negaron la reclamación por daño moral, al considerar que ya había sido cubierta por la aseguradora. Hasta el pasado 15 de marzo, la sentencia no ha sido notificada a las partes. La autoridad podrá acudir en revisión y Paul, al amparo ante un tribunal colegiado en materia administrativa.

Paul actualmente radica en Miami, utiliza corsé especial y máscara TCI de compresión para las cicatrices de las quemaduras. Para soportar el dolor debe tomar múltiples medicamentos. Asiste diariamente a terapias físicas y ocupacionales. Sufre depresión e insomnio.

alberto.aguirre@outlook.com

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