Según la Alianza Cooperativa Internacional, una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap) se define como una “asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. Es innegable el crecimiento exponencial que ha tenido el movimiento cooperativo a nivel internacional en los últimos años; sin embargo, en nuestro país, éste aún se enfrenta a grandes retos y dificultades, mismos que deben ser atendidos de manera inmediata.

En el panorama internacional, el movimiento cooperativo ha tenido grandes avances; no sólo representa a 12% de la población global, sino que ha empleado a más de 280 millones de personas y generado más de 2.1 billones de dólares a través de sus 300 cooperativas más importantes. Sin embargo, es importante mencionar que, en la mayoría de estos países, las cooperativas cuentan con regulaciones más flexibles, las cuales les permiten tener una mayor autonomía de operación, que a su vez les da la oportunidad de ofrecer mejores servicios.

Éste no es el caso para México, ya que, en nuestro país, más 150 socaps autorizadas aún batallan con fuertes regulaciones que les impiden otorgar los mejores servicios disponibles a sus clientes. Según cifras oficiales, en México, el sector cooperativo atiende a más de 8 millones de personas y genera más de 30,000 empleos formales, posicionándose como el movimiento cooperativista más importante en América Latina; sin embargo, es irrefutable el hecho de que este sector aún tiene grandes retos que debe superar.

Recientemente, cooperativistas del Bajío mexicano recibieron a miembros de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados para informarles sobre los desafíos que enfrentan las cooperativas mexicanas y lo que se puede llegar a hacer desde el Poder Legislativo. Mientras que retos como la innovación tecnológica y el mejoramiento en la oferta de productos y servicios fueron mencionados, quedó claro que el problema más grande de estas asociaciones es la dependencia que existe con los bancos privados, ya que, al no ser créditos habientes del Banco de México, las cooperativas se tienen que atener a las regulaciones impuestas por estos, lo que disminuye su margen de operación.

Estoy convencida que el abandonar por completo la regulación y supervisión de las cooperativas no es la solución; no obstante, considero que si existen varios cambios que se pueden y deben hacer entorno al sector cooperativo. En primer lugar, en aras de impulsar una mayor inclusión financiera, es importante que se establezcan, con claridad, las reglas para la creación de socaps, especialmente en los estados y municipios. Asimismo, debemos fomentar la educación cooperativa, no sólo capacitando a los usuarios sobre el funcionamiento de las socaps y la cultura del ahorro, sino profesionalizando a los colaboradores de las mismas para que éstos pueden ofrecer el mejor servicio disponible. Finalmente, considero importante que se debe reducir el número de cooperativas riesgosas, algo que se puede hacer si insistimos en que toda cooperativa debe formar parte de una federación y, por consiguiente, de una confederación.

La misión del movimiento cooperativo es una que comparto fuertemente. Como legisladora, y particularmente como secretaria de la comisión encargada en atender las necesidades del sector social de la economía en la Cámara de Diputados, reconozco que las cooperativas son las que verdaderamente pavimentan el camino hacia sociedades más participativas y más desarrolladas. Por ende, estoy convencida que el fomento continuo del sector cooperativista de nuestro país no sólo permitirá disminuir las grandes desigualdades que existen, sino que nos brindará la oportunidad de alcanzar una verdadera inclusión financiera.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.