Hace algunos días, Telmex sorprendió a la industria de las telecomunicaciones con una noticia espectacular: ganó un juicio de amparo que obliga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a dar contestación a la solicitud para que se elimine de su título de concesión la prohibición expresa de prestar servicios de televisión. En efecto, la condición 1-9 del título de concesión de Telmex establece a la letra:

Telmex no podrá explotar, directa o indirectamente, ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país .

El anuncio fue espectacular porque muchos han interpretado esta sentencia en el sentido de que es inminente la entrada de Telmex al negocio de la televisión restringida a través de su red telefónica con cobertura nacional. Yo sería más cauto. No pretendo ser aguafiestas, pero la SCT carece de facultades para modificar el título de concesión de Telmex.

Me explico: si bien existe un acuerdo del entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, que contempla la posibilidad de que Telmex preste servicios de televisión si cumple con ciertas condiciones, lo cierto es que el señor Cerisola es arquitecto y no abogado, por lo que probablemente desconocía el principio de que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultadas por la ley y que, en este caso, por el contrario, la ley prohíbe expresamente modificar los títulos de concesión que fueron otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) en 1995, como lo fue el título de concesión de Telmex.

Me atrevo a afirmar lo anterior ya que la LFT, en su artículo 5 transitorio, establece:

Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se respetarán en los términos y condiciones consignados en los respectivos títulos hasta su término .

Como podrá usted ver, el mandato legal contenido en este artículo no implica excepción alguna ni otorga facultades discrecionales a la SCT para actuar de otro modo. Si bien la SCT tiene facultades para modificar títulos de concesión en general, dichas facultades no pueden transgredir el citado ordenamiento legal, pues se trata de una norma especial y posterior a aquella que otorga a la SCT facultades para modificar títulos de concesión en general.

Sobra decir que el arquitecto Cerisola no era el Congreso de la Unión y carecía por completo de atribuciones para legislar en sentido contrario a lo que establece la LFT. Sé que suena absurda esta aclaración, pero a nuestros funcionarios públicos por lo general se les olvidan principios tan simples.

Independientemente de los motivos que tuvo en 1990 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para establecer la prohibición para Telmex de prestar servicios de televisión, lo cierto es que éstas fueron las condiciones bajo las cuales se privatizó la red telefónica nacional y que dieron lugar a la liberalización de la industria, mismas que fueron recogidas en el artículo 5 transitorio de la ley vigente. Condiciones que fueron diseñadas para dar certeza jurídica al grupo de inversionistas que resultara ganador de Telmex, pero también a los demás participantes en la industria. Precisamente por esto -certeza jurídica- es que el legislador de 1995 estableció que las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LFT deben respetarse en sus términos, sin dejar facultad discrecional alguna a las autoridades administrativas. Recordemos, una vez más, que las autoridades administrativas sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido por la ley y que donde la ley no distingue no se debe distinguir. Éste es el caso del artículo 5 transitorio de la LFT.

En pocas palabras, la SCT carece de atribuciones para modificar el título de concesión de Telmex y eliminar la prohibición expresa en él contenida, aun y cuando contase con la voluntad de Telmex. El artículo 5 transitorio de la LFT es obligatorio tanto para Telmex como para la SCT, pero sobre todo para la SCT. Espero que mi contribución ayude a dar claridad sobre el tema, porque en las declaraciones de algunos funcionarios de la SCT se nota que se les está haciendo bolas el engrudo.

El autor es abogado especialista en sectores regulados, miembro fundador y presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC, catedrático de la Universidad Iberoamericana AC y consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Las opiniones vertidas en el presente artículo se emiten a título personal y no representan la postura de las instituciones antes indicadas.