Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de un tema sumamente espinoso: la interconexión entre operadores en la industria de las telecomunicaciones.

¿Es o no un tema de interés público el establecimiento de la tarifa de interconexión que se cobra entre los operadores para la terminación de llamadas telefónicas? ¿Impacta o no al final en el precio a los consumidores la tarifa de interconexión? Tales son los principales puntos a resolver en el máximo tribunal de la nación.

La Corte habrá de resolver una contradicción de tesis entre dos tribunales, el noveno y el tercero, que argumentan en sentido opuesto.

Uno de ellos porque sí es de interés público y el otro porque no lo es.

De hecho, la contradicción en los argumentos se da entre los propios operadores de la industria.

En el gobierno federal prácticamente hay unanimidad en el sentido de que la tarifa de interconexión entre operadores sí es un tema de interés público.

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Dionisio Pérez Jácome, las baterías se han orientado en defensa de ese criterio.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que preside Mony de Swaan, se ha pronunciado en ese sentido y el propio Comisionado Presidente, tanto como el comisionado Gonzalo Martínez Pous han argumentado y defendido esa posición.

Desde varias instancias gubernamentales la posición ha sido la misma.

La Comisión Federal de Competencia (CFC), que preside Eduardo Pérez Motta, ha dicho que la tarifa de interconexión representa un costo para los consumidores de alrededor de 70,000 millones de pesos.

La posición en el gobierno es que la tarifa de interconexión es de interés público y, en consecuencia, la Cofetel debe imponer las tarifas de interconexión sin que las empresas puedan interponer suspensiones que impidan la entrada en vigor de las resoluciones del órgano regulador.

Corte, deslindes y posiciones

La de ayer fue una primera sesión de deslindes y posiciones de los ministros de la Corte.

La Corte comenzó la discusión con quién o quiénes de los ministros se deben deslindar o no del tema.

La ministra Margarita Luna Ramos -de acuerdo con versiones extra oficiales- habría aceptado que es comadre de Javier Mondragón, abogado de Telmex, pero advirtió que como su compadre no firma los litigios, no se excusaría del caso.

Por su parte, Arturo Zaldívar aceptó haber sido promotor de amparos en favor de alguna de las partes que discuten el tema desde el sector privado.

Los ministros sí lo excusaron de participar en el tema para cuidar la integridad y el prestigio de la SCJN.

Lo cierto es que con ese criterio hubiera procedido también la excusa para la ministro Luna Ramos.

Y es que hay que pensar ¿qué pasaría si Luna Ramos vota en favor de la posición de Telcel-Telmex? Seguramente se interpretará que prevaleció su relación o cercanía con el abogado de Telmex-Telcel.

El ministro Luis María Aguilar fue contundente en su posición al afirmar que desde su punto de vista sí hay un vínculo directo entre la interconexión y las tarifas al público.

Si no bajan las tarifas de interconexión, nunca podrían bajar las tarifas al consumidor.

Destacó que los operadores son concesionarios del Estado y operan un bien del dominio público.

Aguilar recordó que la intervención en el establecimiento de las tarifas de interconexión de la Cofetel sólo se da si los operadores no alcanzan un acuerdo.

Sin duda el ministro Aguilar fue el más riguroso en su presentación y definición de su posición en favor de la no suspensión en las tarifas de interconexión.

Para hoy hablarán los ministros José Ramón Cossio, Sergio Valls y Sergio Aguirre.

Las apuestas están divididas, pero los momios apuntan a que la SCJN resolverá que la interconexión es asunto de interés público.

A ver.

CUENTOS VERAS

Con la pasarela blanquiazul, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, destapó sus intenciones de contender por la Presidencia de la República.