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Sistema Nacional Anticorrupción tambaleante
Arely Gómez, omisa en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Todavía no nace el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y ya empieza a hacer agua; a la dirección colegiada diseñada por la Comisión que preside el senador Pablo Escudero no se le ve rumbo.
La incertidumbre del SNA no es casual, la ley nunca previó el papel de sus integrantes, mientras se instala formalmente, en su caso, asignó responsabilidades individuales, poco claras. Al fin y al cabo, la corrupción puede esperar.
El panorama se hace más incierto, considerando que sólo dos miembros del Comité Coordinador en funciones lo verán operar, ellos son: Arely Gómez, titular de la SFP, y Luis María Aguilar Morales, del Consejo de la Judicatura Federal, este último no da color.
Tanto el representante ciudadano como el fiscal anticorrupción están en proceso de selección, paradójicamente dos miembros del SNA: Manuel Hallivis Pelayo, actual Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y Ximena Puente, comisionada presidente del INAI, compiten para conseguir el puesto de fiscal. Por su parte, Juan Manuel Portal (ASF) dejará el cargo en diciembre del año próximo.
Sin prejuzgar, pareciera que el futuro de sus instituciones no les resulta prioritario, mucho menos, sus labores presentes y futuras dentro del SNA.
Ante el enredo que vive el SNA, es deseable que la maestra Arely Gómez tome un papel más activo en la coordinación, por lo menos, mientras se instala el formalmente el Sistema, reitero mi posición de que la ley es una trampa para la participación ciudadana, garlito en las que cayeron las organizaciones proponentes, Transparencia-mexicana, Imco y CIDE.
La idea de que la SFP debe forzar, desde ahora, la comunicación y la coordinación surge de los cuestionamientos hacia el Ejecutivo por su tibieza en el combate a la corrupción, es ésta la oportunidad para retomar un papel central de esa Secretaría.
También es de considerarse el papel relevante que esta Secretaría tendrá en el SNA, considerando sus facultades como autoridad fiscalizadora, investigadora y sustanciadora.
Se está perdiendo tiempo valioso, como si la corrupción estuviera controlada, tiempo en perjuicio de las funciones de la SFP y la ASF. México y los mexicanos pagamos y pagaremos un precio muy alto por las omisiones e imprecisiones de la ley así como por la falta de empuje y decisión de las autoridades designadas.
