Han pasado dos semanas de los trabajos de la segunda conferencia para las Américas de la World Maritime University (WMU), de la ONU, bajo la anfitrionía de la Secretaría de Marina. A las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Veracruz, Escuela Naval, acudieron expertos civiles y militares, sobre diversos temas del sector marítimo y portuario, provenientes de distintos puntos de la República Mexicana y también del extranjero.

Los ponentes fueron convocados a discutir sobre el transporte marítimo y las políticas oceánicas por Cleopatra Doumbia-Henry, presidenta de la WMU, y los responsables de la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos de la Semar. ¿Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? 

Salvo los conferencistas internacionales invitados, los funcionarios de la institución convocante y los mandos castrenses que llenaron los auditorios, no hubo una representación oficial de la SCT y fueron pocos los oficiales de la marina mercante en este evento, de acuerdo con testimonios de asistentes al cónclave.

Evidenciado en Veracruz, el disenso entre los funcionarios civiles y militares del sector marítimo se remonta al último tramo del sexenio peñista, cuando el alto mando de la Semar debió cabildear intensamente para lograr la modificación legal que dejó a la Coordinación de Puertos —que entonces encabezaba Guillermo Ruiz de Teresa— como una instancia meramente normativa. No obstante, prevalece una gran contradicción entre la Ley de Puertos y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que impiden la buena gobernanza, gobernabilidad y el desarrollo del sector marítimo y portuario. Por ejemplo: el desacuerdo que existe entre la SCT y la Semar derivado de lo establecido en dichas leyes y sus reglamentos para la constitución del Cumar en todos los puertos mexicanos y el desarrollo y aprobación de las evaluaciones y planes de protección de las instalaciones portuarias. Dos de las preguntas más interesantes que se hicieron durante los tres días que duró la conferencia fueron formuladas por la académica Adriana Ávila Zúñiga Nordfjeld y versaron sobre estos asuntos: “¿qué avances tiene la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, para la armonización de las leyes y sus reglamentos para un ejercicio sustentable de las actividades del sector marítimo y portuario que cumpla con el marco jurídico y normativo nacional e internacional”. La diputada federal perredista Mónica Almeida López, presidenta de la Comisión de Marina, reconoció que no ha habido avances en la armonización de estas leyes desde la última reforma, ocurrida hace dos años. 

La certificación de protección para las instalaciones portuarias es un requerimiento del Código de Protección de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), establecido en el Capítulo XI -2 del Convenio SOLAS, vigente desde el 1 de julio del 2004. Pero en México no se realiza actualmente según lo establecido en la Ley de Puertos, lo que pone en cuestionamiento la validez de dichos certificados y pone en riesgo la operación de todos los puertos mexicanos.

Desde el 2016, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, agencia perteneciente a las Naciones Unidas, que se encarga de desarrollar reglamentos y procedimientos relacionados con la extracción de minerales en el fondo marino fuera de los límites de jurisdicción nacional, otorgó concesiones de explotación de minerales a empresas de Singapur y otras naciones para aguas internacionales que colindan con la Zona Económica Exclusiva de México, muy cerca del archipiélago de Revillagigedo, el cual está protegido por la UNESCO, debido a las especies endémicas del lugar, el cual forma parte de un corredor biológico que se extiende hasta las islas Galápagos, en Ecuador. La explotación de minerales en aguas internacionales colindantes con la isla Revillagigedo pone en riesgo no sólo la biodiversidad de esta isla, sino todo el corredor biológico y podrían intensificar el cambio climático.

“¿Qué oportunidad o líneas de acción tiene México para evitar la explotación de minerales en esa área?”, preguntó Ávila Zúñiga Nordfjeld a Alfonso Ascencio-Herrera, asesor jurídico y suplente del Secretario General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. El reglamento internacional para la extracción de minerales del fondo marino en aguas internacionales está en vías de aprobación, adelantó, y el gobierno de México dispondrá de un breve periodo para plantear la situación del archipiélago de Revillagigedo. 

Ese breve periodo era de 10 días hábiles. Hasta el cierre de este espacio, el representante de la Autoridad Marítima de México ante Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Erasmo Alonso Lara, miembro del Consejo Jurídico y Técnico de la Autoridad Internacional, no había presentado los argumentos en defensa del archipiélago del Pacífico.

EFECTOS SECUNDARIOS

SOBRESALTOS. Las noticias sobre el operativo de las fuerzas federales que habría producido la captura de los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán en Culiacán comenzaron a esparcirse ayer, a las 4 de la tarde. A partir de entonces y por un lapso que se extendió por más de seis horas hubo un vacío de información por parte de fuentes gubernamentales. En medio, la fuga en el penal de Aguaruto, el despliegue de comandos de sicarios, las agresiones a policías y militares, los bloqueos a importantes vías de comunicación, el pánico que se extendió del centro histórico y la zona de Tres Ríos a toda la capital sinaloense luego de que las autoridades locales recomendaron a la población ocultarse. Las redes sociales explotaron ante estos “hechos de alto impacto”, mientras que el gobierno federal enmudecido, ante el incidente más grave ocurrido en los 11 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador…

INSISTENCIAS. La agenda legislativa de la 4T avanza a trompicones. El bloque en San Lázaro frenó la aprobación del paquete fiscal, que deberá quedar listo, por mandato legal, a más tardar dentro de las próximas 48 horas. Concluido ese tortuoso pendiente, seguirá la discusión sobre las iniciativas para la legalización nacional del cannabis, que de aprobarse permitirían la venta en México para uso terapéutico y medicinal de productos derivados del CDB. Y antes de que concluya el mes, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, relanzará las reformas que busca “moderar” las comisiones que cobran los bancos por la disposición de efectivo y el manejo de cuentas. Una nueva regulación, cuya aplicación será gradual.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.