¿Quién dice?

El estridente discurso con el que Lenia Batres asumió su inmerecido nombramiento como ministra de la SCJN, no sólo es una innecesaria retahíla de reclamos, sino la demostración más palpable de que la abogada, no ha leído a cabalidad la constitución.

Atendiendo a su ignorancia una de las quejas más significativa de la nueva ministra es que la SCJN, ha interpretado la ley por encima del interés popular al punto, dijo, en el que la suprema corte no interpreta a la constitución, sino que el poder judicial tiene controlada a la constitución. Tan es así, que entre los abogados cuando alguien dice: ¿“qué dice la constitución sobre algún asunto? La respuesta es, lo que diga la suprema corte”. Y con ello, se ufana, se prueba que la SCJN tiene secuestrada a la ley y a la constitución.

Tal vez no sabe la ministra Batres, dos cosas: primero que judicatura, jurisdiccional y jurisprudencia, provienen de un principio general de derecho que lleva varios siglos en la tradición jurídica mundial del “Jus dicere”. Es decir: de quién dice que es la ley o que dice la ley y eso señora ministra le toca por historia, diseño constitucional y literalmente expresado en la ley, que la responsabilidad de la SCJN, los magistrados y jueces, es precisamente eso de lo que ella se queja. Es decir, interpretar y aclarar que dice la ley.

Segundo y para mayor abundamiento, en el Artículo 103 expresamente se lee: “Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Lo anterior quiere decir que al resolver todos estos asuntos la SCJN está obligada a interpretar la ley y emitir sentencia para resover cada uno de los asuntos que lleguen a sus manos.

Después de su discurso y al más puro estilo del obradorato, pidió a la SCJN, que su sueldo sea rebajado a lo que dice la constitución y que le quiten sus prestaciones a las que tiene derecho y la inscriban en el ISSSTE. Tal vez la ministra no ha leído el Articulo 94 párrafo 13, que expresamente dice, “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”. Precisamente el artículo así lo establece para evitar el uso político de los sueldos de los miembros del poder judicial. Como ella tomó protesta el jueves y su petición la hizo el viernes, pues no se le puede bajar el sueldo. Además, como ya ha establecido la corte, los sueldos no son prestaciones, por lo que con esos dos detalles, sería una iegalidad bajarle el sueldo a la ministra. Y, por si no se ha enterado, de lo que trata el trabajo de la corte es velar porue la legalidad se cumpla a cabalidad.

No me puedo imaginar las ponencias que la ministra hará a lo largo de estos proximos 15 años, pero creo que no serán tratados juridicos, sino declaraciones politicas mandadas por su jefe. Esperemos que aprenda pronto y se convierta en abogada, lo más rapido posible. Nada más, pero nada menos tambien.