La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación que preside Enrique Guillén expresó hace unos días un airado reclamo al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), de Eduardo Meraz, por congelar durante seis meses las autorizaciones a distintas empresas para conectarse a subestaciones eléctricas compartidas en Tijuana; demora que podría traducirse, según dijo el organismo, en una pérdida de casi 300 millones de dólares de inversión industrial en el estado de Baja California. El caso es ya una de las primeras muestras del descontento que prevalece entre la clase empresarial por los retrasos que se perciben en la implementación de la reforma energética; la cual, a cinco años de su aprobación, no ha logrado generar competencia real en el sector y, por el contrario, enfrenta todavía una gran cantidad de factores que impiden la llegada de nuevos inversionistas privados o, incluso, los ahuyentan.

Aseguran que uno de los principales obstáculos para concretar la apertura del mercado ha sido la protección que las autoridades del ramo brindan a las empresas productivas del Estado, especialmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Jaime Hernández, misma que recibe concesiones que la colocan en una posición muy ventajosa respecto a sus competidores. Resulta que, como ya se había ventilado en este espacio, tanto el Cenace como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que lleva Guillermo García Alcocer, han permitido que, contrario a los designios de las leyes secundarias de la reforma, la CFE quede exenta del pago de las llamadas pérdidas no técnicas, lo que le permite vender su energía a un precio hasta 26% más bajo que el promedio de las otras empresas presentes en el mercado de grandes consumidores.

El término de pérdidas no técnicas se refiere al robo de energía por conexiones ilegales o a la falta de pago de los usuarios, que en el 2017 ascendieron a 30,325 millones de pesos y que son directamente atribuibles a la CFE como suministrador de servicios básicos; lo anterior a pesar de que en el 2014 la otrora paraestatal anunció una inversión superior a 6,000 millones de pesos para adquirir infraestructura que permitiría evitar robos de energía, misma que, todo indica, no ha dado los resultados esperados. Sin embargo, en la práctica, la CRE y el Cenace no han buscado quién la hace sino quién la paga, pues en lugar de apegarse a la ley y repartir esos costos entre los suministradores de energía en el sector de baja tensión, incluyendo por supuesto a la CFE, se cobran las pérdidas no técnicas a las empresas participantes del mercado de media y alta tensión.

Entre los inversionistas del sector se preguntan si la omisión o desviación se debe a un simple desconocimiento del marco jurídico o si existe algún tipo de intención o acuerdo entre las autoridades y la empresa que dirige Jaime Hernández para inhibir la competencia en el mercado. Incluso, cuestionan si la actuación del exdirectivo de la CFE y hoy titular del Cenace, Eduardo Meraz, se enfoca realmente a regular el mercado; o bien, a proteger los intereses de la empresa en la que laboró durante más de 30 años y de la que recibe una pensión de alrededor de 200,000 pesos mensuales.

Canacintra, EPN y los presidenciales

La próxima semana los cuatro candidatos presidenciales del país estarán con los industriales del país. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) organiza su Convención Nacional en Querétaro. Gran logro de Enrique Guillén, que también se anota que el presidente Enrique Peña Nieto estará en el evento, lo inaugurará y tomará protesta al nuevo Consejo Directivo Nacional. Este acto es de suma importancia para la industria, porque se construye conocimiento basado en indicadores macroeconómicos, políticas públicas y experiencia empresarial para replicar mejores prácticas e innovación en la industria mexicana.

JulioPilotzi

Columnista de Negocios

Split Financiero

Periodista con 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Colabora actualmente en el Noticiero En los Tiempos de la Radio de Óscar Mario Beteta.