Existen dos Méxicos: el conectado y el desconectado. En el primero hay oportunidades de desarrollo con información, educación y empleo; en el segundo impera la pobreza digital. Sin infraestructura de banda ancha, sin Internet y sin aplicaciones ni contenidos, las desigualdades más básicas se siguen reproduciendo. Sin estas tres precondiciones tampoco es posible conducir programas de alfabetización digital.

La frase del presidente López Obrador, “primero los pobres”, es acertada si se enfoca en los excluidos de la conectividad. Sin embargo, diferencia de otros programas sociales que aportan dinero directamente a los beneficiarios, combatir la pobreza digital requiere de cuantiosas inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, además de una política pública digital.

El nuevo Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2019 de la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes identifica 112 mil 706 sitios públicos por conectar. De ellos, 19 mil 041 fueron clasificados como “prioritarios”, es decir, se encuentran en comunidades con alto o muy alto grado de marginación o rezago social, en zonas rurales donde el porcentaje de personas en pobreza extrema es igual o superior a 50% o carecen de cobertura de servicios de telecomunicaciones.

En el Programa de 2019 participan las secretarías del Bienestar, Salud y Educación, las cuales propusieron los sitios a conectar. Del total de “sitios públicos prioritarios”, mil 648 pertenecen a Bienestar, 16 mil 214 a Educación y mil 179 a Salud. 

Según el Programa, “la conectividad en estos sitios públicos prioritarios beneficiará a 7 mil 433 localidades, principalmente en el sur del país, donde viven 4.8 millones de personas en condiciones de alta o muy alta marginación”.

No queda claro si estos sitios públicos son los mismos o diferentes a los 101 mil 322 cubiertos del programa México Conectado de la administración anterior. Tampoco detalla la calidad de la conectividad ni la velocidad de banda ancha que necesitan los “nuevos” sitios.

Los “sitios públicos prioritarios” son apenas 16.89% del total de sitios públicos identificados, por lo que el programa no estaría llegando a todos los pobres ni necesariamente serían los primeros en beneficiarse, sino apenas menos de una quinta parte de ese objetivo social.

Sacar de la pobreza digital a 4.8 millones de personas que carecen de conectividad sería un logro digital de la Cuarta Transformación. Sin embargo, el Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2019 sólo es una base de datos y no quiere decir que efectivamente esos sitios públicos prioritarios llegarán a tener conectividad ni sabemos cuándo ocurrirá.

El Programa y la base de datos servirá para que la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos planee el cumplimiento de su misión social, pero todavía desconocemos el plan de cobertura de ese nuevo operador. La base de datos también será útil para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuente con insumos para incluir compromisos y obligaciones de cobertura en los títulos de concesión; sin embargo, la identificación de sitios públicos no es garantía de que los operadores efectivamente desplegarán infraestructura en esos inmuebles, además de que las condiciones y los estímulos para la inversión de los operadores privados son difusas, al operador preponderante no le conviene que su cobertura crezca y sabemos que un concesionario móvil inició su proceso de convertirse en un Operador Móvil Virtual, por lo que al devolver al Estado las frecuencias que dejará de explotar, no tendrá ninguna obligación de cobertura.

El enfoque de “primero los pobres” es correcto, pero debemos cuestionar si la estrategia de los centros comunitarios (que en México inició en 2001) y los sitios públicos es la mejor para cerrar la brecha digital. Funcionan para garantizar acceso a Internet a cierto sector de la población que incluso ya tiene acceso a Internet, pero no necesariamente se logra la inclusión digital universal efectiva ni se saca de la pobreza digital a los realmente desconectados.

Una cosa es conectar inmuebles, escuelas, clínicas, plazas públicas (que de por sí debieran estar conectados para realizar sus actividades sustantivas) y acercar la conectividad por Wi-Fi en esos recintos, y otra muy distinta es llevar conectividad de banda ancha a una población, para que los usuarios y los hogares accedan a servicios de telecomunicaciones, sus aplicaciones y contenidos.

Esta misma semana el regulador de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), propuso un plan de 9 mil millones de dólares para llevar 5G a las zonas rurales de Estados Unidos. La propuesta sustituiría los recursos que ya se destinan para redes 4G LTE, para que no sólo las zonas urbanas, también las rurales, cuenten con la más avanzada generación de tecnologías inalámbricas. El fondo de la FCC no pretende conectar sitios públicos ni instalar Wi-Fi, sino que los proveedores que resulten ganadores de la convocatoria y la licitación correspondiente recibirán los fondos públicos y desplegarán las redes rurales 5G.

Es claro que México carece del músculo financiero de Estados Unidos para el financiamiento público de las telecomunicaciones, pero ese no es el punto. La estrategia de conectar centros comunitarios y sitios públicos, incluso prioritarios, no está contribuyendo al despliegue de redes de banda ancha con todo el desarrollo económico y cultural que ello implica, lo cual priva a la población rural de conectividad permanente, al campo de productividad conectada, de aplicaciones de agroindustria digital e Internet de las cosas para la agricultura, y a las zonas rurales y vulnerables de servicios digitales directamente en los dispositivos de los usuarios.

Conviene repensar y ampliar la estrategia de inclusión digital antes de que siga siendo fallida.

Jorge Bravo

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM

En comunicación

Estudio los medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo. Autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente