A inicios del mes patrio, el poder Ejecutivo envió al Legislativo el Paquete Económico correspondiente al año 2020 en el que se incluye, entre otros documentos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). En éste, el Ejecutivo estimó un gasto gubernamental equivalente a 6.1 billones de pesos, que equivale a 8% del PIB del 2018.

En lo que toca a las partidas y asignaciones para la ejecución de las políticas públicas de conectividad se proyecta una expansión de 30.7% en términos reales, con respecto al 2019.

El aumento se debe en parte a la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE Telecom), empresa subsidiaria de la CFE, cuya función será dotar de servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro a usuarios finales que no cuenten con una oferta comercial y, de manera gratuita, en espacios públicos. Este ambicioso y loable proyecto obedece a la necesidad de conectar a la población independientemente de la región, o situación socioeconómica de las células sociales.

Según datos publicados por CIU, el PPEF planea destinar a la empresa 1,095 mdp, de los cuales 91% corresponde a gasto en inversión a través de un programa de adquisiciones y el restante (9%) será erogado en gasto corriente.

Aquí los datos sobre las asignaciones:

La Subsecretaría de Comunicaciones recibiría 80 mdp, mientras que a Telecomunicaciones de México (Telecomm) y al Órgano Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones se les asignarían 550 y 169 mdp, respectivamente.

La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y la creación de política de telecomunicaciones de los Centros SCT contarían con 483 mdp y 84 mdp, respectivamente, mientras que la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, 103 mdp.

De concretarse esta asignación en los términos propuestos, la subsecretaría es la que mayor recorte sufriría, a saber, 33.2% menos recursos en términos reales en relación con el presupuesto aprobado para el 2019. Sin embargo, Telecomm recibiría un incremento real de 70.8 por ciento.

La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, dependencia de la Oficina de la Presidencia, recibiría 12 mdp, mientras que la Coordinación @prende.mx, encargada de la implementación Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos educativos y que se encuentra adscrita a la Secretaría de Educación Pública, contaría con 42 mdp. En términos reales, la primera instancia recibiría 29.9% menos recursos, y la segunda, 2.8% menos.

En cuanto a los programas gubernamentales enfocados en el acceso y pleno aprovechamiento de las TIC, se le asignaría 175 millones de pesos a Prosoft, que otorga apoyos para el desarrollo de software y servicios de tecnología, lo cual se traduce en un desplome de -52.3% en términos reales, en relación con el PEF del 2019.

Por su lado, Internet para Todos, que brinda conectividad en espacios públicos, recibiría 467 mdp, es decir, 28.0% menos en términos reales.

Al englobar todos estas partidas con aquella del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que asciende a 1,730 mdp (10.3% mayor que en el 2019 en términos reales), se obtiene un total de 4,500 millones de pesos que se destinarían al sector TIC, lo cual apenas equivale a 0.1% del presupuesto total a erogar en el 2020.

Si bien, en México, la mitad de la población cuenta con acceso a conectividad, el crecimiento se ha desacelerado y este hecho aleja la realización de alcanzar esa conectividad plena. De ahí la imperiosa necesidad de sumar esfuerzos y recursos públicos y privados para alcanzar el cumplimiento del mandato constitucional.

La gran pregunta será si estos esfuerzos asignados en el presupuesto serán suficientes para dotar de Internet a todos los mexicanos como sería deseable. Por otra parte, también es buen momento para preguntarnos, si como consecuencia del crecimiento en negocios en la industria de las telecomunicaciones, particularmente en el crecimiento de las OTTs, la Secretaría de Hacienda podría evaluar oportunidades para canalizar impuestos derivados de esta industria hacia el desarrollo de la conectividad para todos.

De acuerdo con Ernesto Piedras y Samuel Bautista de CIU, la simple aplicación del IVA a plataformas y servicios digitales extranjeros implicaría una recuperación de recursos del erario público de 3,600 millones de pesos al año, que podrían destinarse a programas para la conectividad universal. Este monto equivaldría a casi seis veces lo asignado al programa prioritario Internet para Todos en el 2019.

Antonio Aja

Columnista

Showbiz