Durante décadas en nuestro país se fue profundizando la pobreza, la marginación, la desigualdad y la falta de oportunidades para la inclusión y movilidad social. Los regímenes del nacionalismo revolucionario implicaron un estado patriarcal y autoritario que, mediante políticas sociales asistencialistas, trató de atenuar los problemas de pobreza y desigualdad. El periodo de estabilidad económica que resultó en un alto crecimiento con una baja inflación, entre 1955 y 1972, contribuyó a mantener un régimen que, si bien no era democrático, ofrecía oportunidades de bienestar para una gran clase media en crecimiento. Al darse la inestabilidad generada por los gobiernos de la “decena trágica”, una salida a la situación de las clases desprotegidas fue la informalidad. Ésta creció (hoy ronda en un 60%) y fue tolerada por el Estado al no poder remediar la falta de oportunidades por los canales formales.

Las políticas de ajuste como consecuencia de las crisis económicas que siguieron implicaron reducciones en rubros del gasto social (educación, deporte, cultura) que agravaron la desigualdad y la marginación. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue un cambio estructural trascendental que mejoró en mucho el bienestar de los mexicanos. Pero a la vez los gobiernos siguieron pensando que el asistencialismo sería la solución a los problemas de pobreza. El Estado creó programas como Solidaridad (1988-1994) y sus mutaciones posteriores en Progresa (1994-2000), Oportunidades (2000-2012) y Prospera (a partir del 2012). Aunque la pobreza extrema se fue desterrando, prevalecieron altos niveles de pobreza y se acentuó la desigualdad. Ni los gobiernos de Fox y Calderón entendieron que el camino hacia la distención social sería mediante un mayor crecimiento económico sostenido y alinear políticas públicas con ese objetivo.

El gobierno de Peña Nieto pensó que los cambios estructurales serían un buen camino para aumentar las oportunidades económicas y sociales de una vasta mayoría. Buena teoría, pero en la práctica, la corrupción rampante terminó con ese anhelo. El desenlace: uno de los peores gobiernos que hemos tenido como lo indican los recientes resultados electorales.

Esta cronología ayuda a entender que de manera acumulativa se fue incubando una mayor presión social por un reclamo legítimo para disminuir la desigualdad. Desde 1977 con la reforma política de don Jesús Reyes Heroles en que se le dio un espacio formal a la ideología de izquierda, se creó una especie de válvula de escape para estos reclamos. Pero era ineludible que en algún momento esto desembocara en un gobierno de izquierda. Morena lo logró a través de un triunfo apabullante y democrático. El 53% de los votantes optaron por un cambio para darle a López Obrador la oportunidad de hacer lo que los gobiernos priistas y panistas no pudieron: una reducción significativa de la pobreza y aminorar la desigualdad.

El mandato otorgado a López Obrador implica enormes expectativas que no deberá dejar incumplidas. Lo sabe muy bien y por ello ha repetido una y otra vez: “No les voy a fallar”. Por el bien de México, esperemos que así sea.