La política criminal del gobierno de EU

Constantin Mutu fue arrancado de su padre a los cuatro meses de edad. Originario de Rumanía, éste había quedado separado de su mujer y otro hijo en la frontera con México. Detenido por la Border Patrol fue llevado con su bebé a una estación migratoria y luego encarcelado. Constantin fue enviado con una familia de acogida, con la que vivió más de cinco meses, antes de ser devuelto a sus padres, ya en Rumanía. En el contexto de deshumanización de la población migrante que prevalece en Estados Unidos, Constantin “tuvo suerte”. A diferencia de otros menores que siguen separados o se han “perdido”, crecerá con su familia de origen. Su madre y hermano lograron volver a su país, y su padre fue deportado (con el engaño de que su hijo viajaría con él). La mujer que lo acogió mantuvo contacto virtual con su madre biológica y abogó porque fuera devuelto a ésta. El desenlace, sin embargo, no es tan “feliz”: ya con más de año y medio, el niño no habla y no puede caminar solo. Carga con los primeros efectos del trauma.

Aun antes de que se agudizara la criminalización de la migración en EU y se impusiera la separación familiar de manera masiva a partir del 2017 y sobre todo en el 2018, diversos medios y organizaciones habían denunciado las condiciones carcelarias que se imponen en los centros de detención y sus efectos traumáticos. En el 2017, la Asociación Americana de Pediatría advirtió que la separación familiar y la detención de menores para “desalentar la migración” atenta contra los derechos de la infancia y las leyes del país, y tiene efectos indelebles en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El encierro, la falta de higiene, de cuidados médicos y psicológicos y hasta de apoyo legal, así como la negligencia o el maltrato (que llega hasta el abuso o a la prohibición de consolarse unos a otros) provocan daño físico y psicológico que se manifiesta en depresión, intentos de suicidio y, a la larga, en retraso en el desarrollo y síndrome de estrés postraumático. Por ello desde entonces recomendaba evitar la separación y el encierro y garantizar salud, educación, recreación y apoyo legal a todos los menores, solos o acompañados.

Ni éstas ni otras protestas más recientes han logrado contener la política criminal del gobierno de EU ni los discursos de odio que la sustentan. Tanto la separación familiar como la detención de niños, niñas, adolescentes y adultos en condiciones inhumanas continúan. Peor aún, como si este tipo de encarcelamiento masivo no bastara, el gobierno de Estados Unidos confirmó la semana pasada su intención necropolítica con dos medidas inaceptables: por un lado, pretende encerrar a 1,000 menores en Fort Sill, que en los años 40 sirvió como campo de internamiento para la población de origen japonés, entonces denostada como “enemiga” de la nación; por otro, redujo el presupuesto destinado a centros de detención para menores migrantes, lo que implica dejarlos sin educación, actividades recreativas ni apoyo legal, y empeorar el drama que ya viven.

En México, la separación familiar no es sistemática, pero se ha dado; la detención de menores es común, también en condiciones que transgreden los derechos humanos. Entre los 12,311 menores detenidos entre diciembre del 2018 y abril del 2019, 301 tenían menos de un año. En marzo, Sin Fronteras denunció que hay niños, niñas y adolescentes privados de su libertad. El abuso en tránsito y bajo detención es conocido. Los albergues del DIF no son una alternativa humanitaria pues están en “condiciones deplorables”. Todo ello atenta contra los derechos de la infancia y puede dejar huellas indelebles que dificultarán más la vida de quienes, solos o acompañados, buscaban huir de la violencia y del maltrato.

Militarizar la frontera sur para contener la migración y mantener en el norte de México a solicitantes de asilo en EU, sin contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar los derechos humanos y los de la infancia, no es un gesto de humanidad, es un atentado contra la dignidad humana.

@luciamelp

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).