La detención en Madrid del exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, ha puesto en evidencia la incapacidad, o falta de voluntad, del Estado mexicano de aplicar la ley y atajar la impunidad que impera en el país.

Las comparaciones son inevitables e ilustran claramente el problema. Casos de corrupción política abundan en todas partes. Justamente en España han salpicado al partido en el poder, a las élites financieras, culturales y sociales.

En 1994, el escritor y periodista español Javier Pradera escribió sobre la corrupción desatada en la transición democrática posterior a la firma de la Constitución española de 1978. Sus reflexiones salieron a la luz 20 años después, impactando por su actualidad frente a un deterioro casi sistémico anunciado por el autor(1).

La corrupción no es privativa de una sociedad, tiempo o lugar. La diferencia estriba en las capacidades construidas para combatirla. Sólo así se explica que graves escándalos de corrupción política en España hayan ?desembocado en la reclusión del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas; en el proceso al ex ministro de Economía y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, o que la propia hermana y cuñado del rey Felipe estén ahora en el banquillo de los acusados.

Estos y otros casos son prueba de la fortaleza de las instituciones españolas y de la efectiva equidad ante la ley. De ahí que, según el Índice de Estado de Derecho 2015 del World Justice Project, España está en el lugar 24, mientras que México ocupa el sitio 79 de 102 países (2).

Ése es precisamente nuestro talón de Aquiles. El combate a la corrupción y la impunidad. Sin duda, una parte de la solución consiste en armar un sistema de justicia con facultades legales y operativas.

La otra parte de la ecuación viene de abajo y requiere un cambio cultural. Que todos aceptemos someternos a la ley, lo cual parece obvio, pero no lo es. En una encuesta de El Universal, posterior a la recaptura del Chapo, 52% considera que debe sancionarse a cualquier ciudadano que mantenga una relación con personas prófugas de la justicia. Sin embargo, 58% de los mismos encuestados opinó que Kate del Castillo no debería ser sancionada.

La igualdad ante la ley debe ser una convicción, y exigencia, ciudadana. Mientras sigamos pensando que hay causas, cargos, posición o relaciones que eximan del cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho seguirá siendo una ilusión irrealizable.

(1) Corrupción y política. Los costes de la democracia. Galaxia Gutemberg. 2014

(2) Puede consultarse en http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/roli_2015_0.pdf

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