Tras innumerables tropiezos y ejercicios errados en cuanto a compra de medicamentos, el gobierno finalmente anunciará “su plan definitivo para el abasto de medicamentos”, según adelantó el presidente López Obrador. Es de esperarse que a partir de esto ya se defina de una vez por todas bajo qué institución o instituciones y personas recae directamente la compra de insumos tan vitales como son los del sector salud.

¿Qué organismo tiene la responsabilidad de las compras de medicamentos en la 4T? Porque hasta ahora eso no ha estado claro y es parte del caos y desabasto consecuente. En un inicio se dijo que sería la Oficial Mayor de Hacienda, pero una vez yéndose Raquel Buenrostro al SAT, la nueva OM Talía Lagunes no lo quiso asumir y nadie dijo “esta boca es mía”.

En los sexenios anteriores no había duda sobre esa responsabilidad; estaba dividida entre IMSS y Secretaría de Salud (SS). El primero con la compra consolidada para todas las instituciones que se subían, y SS con la comisión negociadora para la compra de medicamentos de patente o insumos de proveedor único. Aun así, los demás institutos y gobiernos estatales también siempre compraban medicamentos cada uno por su lado.

Sin embargo en esta administración estas compras se convirtieron en una papa caliente que nadie quería tomar. Con la llegada de UNOPS anunciada por el mismo mandatario hace casi un año, se asumió que quedaba resuelto pues UNOPS se haría cargo de todo. Pero evidentemente el experimento no resultó.

Esperemos que lo que se informe esta semana sea ya el plan definitivo porque las consecuencias del desorden y caos en adquirir insumos tan prioritarios ha impactado en muchas familias, sobre todo en las de menos recursos que no cuentan con seguridad social.

Lo que es un hecho es que bajo el galimatías de adquisiciones de la 4T que nadie ha entendido se compró menos con más, y bajo una enorme discrecionalidad con las adjudicaciones directas en que se hicieron 90% de las compras en salud.

Inician auditorías en Insabi

De lo anterior ya iremos sabiendo más detalles porque la buena noticia es que recién entraron al Insabi los revisores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esperamos saber por ejemplo qué funcionarios del Insabi impidieron en 2020 que se ejercieran casi tres cuartas partes de los recursos que debieron haberse destinado a pequeños enfermos que por ley les correspondía ser atendidos y cubiertos con el Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI).

Porque el presupuesto ahí estaba. Sabemos que los directivos del Insabi se empeñaron en dar en especie a las entidades los insumos de este SMSXXI cuando por ley ello no aplicaba, pero en lo que entendían detuvieron por muchos meses los recursos. Al respecto hay varias denuncias encaminadas y con muchos elementos para demostrar que hubo delito penal en contra de niñas, niños y bebés mexicanos afectados por decisiones negligentes o que perdieron la vida en el camino a causa de negligencias burocráticas.

Y si de algo más ya empezó a percatarse la actual administración es que la austeridad en salud es insostenible pues al final el supuesto ahorro termina saliendo mucho más costoso.

Lo decimos porque el Insabi -que hasta ahora había cuasi operado sin estructura y sobre los andamios del Seguro Popular- ya empezó a conformar cierta estructura para ejercer sus funciones conforme el cambio de ley que le dio vida en 2019.

La Secretaría de Hacienda recién le autorizó plazas, y dicho instituto en las últimas semanas empezó a contratar a muchos de sus colaboradores que trabajaban por honorarios. Lo único que había firme eran las cuatro coordinaciones nacionales encabezadas por jóvenes sin mínima experiencia en el Sector Salud, dos de ellos escalando desde la ayudantía del presidente. Muchos de quienes sí tenían experiencia -que eran los de servicio profesional de carrera- en su gran mayoría terminaron siendo liquidados tras forcejeos y amenazas a principios de año.

A algunos otros Insabi ya los está contratando en niveles de director y subdirector pero -como trascendió en algunos medios y pudimos confirmar- pidiéndoles por delante su carta de renuncia. Unos 41 trabajadores no aceptaron firmar -pues iba contra sus derechos-; al siguiente día Insabi simplemente les impidió el paso a sus instalaciones y así les avisó que ya habían sido despedidos. Es el estilo de esta administración que por un lado busca acabar con el abusivo outsourcing pero por otro, es muy permisivo en abusos hacia su propio personal.

maribel.coronel@eleconomista.mx

Maribel Ramírez Coronel

Periodista en temas de economía y salud

Salud y Negocios

Comunicadora especializada en salud pública y en industria de la salud. Cursando la maestria en Administración en Sistemas de Salud en FCA de la UNAM.

Fundadora en 2004 de www.Plenilunia.com, concepto sobre salud femenina. Me apasiona investigar y reportar sobre salud, innovación, la industria relacionada a la ciencia, y encontrarle el enfoque de negocios con objetividad a cada tema.

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