En México tenemos dos pandemias: una estacional y otra estacionada. La primera es por el coronavirus: estamos aterrados y confinados en casa porque nuestra salud y vida peligran. La segunda es la inseguridad pública: nos contagió el miedo y todo el cuerpo social vive con él. Para la pandemia estacional las telecomunicaciones han demostrado su capacidad de salvar vidas y garantizar derechos como salud, educación y trabajo. Para la pandemia permanente existe la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR): también puede salvar vidas y procura nuestra seguridad, pero su obsolescencia y fragmentación le impide ser una vacuna eficaz contra el flagelo de la criminalidad.

Los cuerpos de seguridad pública son esenciales durante las fases de la emergencia sanitaria. La comunicación con los agentes del orden vía radio, la coordinación entre instituciones mediante la RNR y la interoperabilidad de redes y tecnologías son críticas durante la pandemia por SARS-CoV2. A ello se suman las acciones particulares que están realizando las instituciones de seguridad pública en colaboración con las instancias sanitarias, migratorias y penitenciarias.

En preparación de la Fase 3, el subsecretario López-Gatell adicionó dos nuevas recomendaciones: regionalizar la intensidad de las medidas y segmentar la mobilidad en el territorio nacional. Significa que las 32 redes estatales que integran la RNR adquieren una centralidad mayor: se requiere más coordinación entre la federación con los estados y municipios para lograr los objetivos de aplanar los contagios, no rebasar la capacidad hospitalaria instalada y reducir el número de casos con Covid-19.

El 24 de marzo el gobierno federal implementó el Plan DN-III-E para que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina contribuyan con médicos y hospitales para la atención de pacientes confirmados con el virus. El Ejército y la Marina utilizan tecnología P25 y comparten infraestructura en algunos estados del sur y centro del país, pero su cobertura no alcanza las entidades del norte, en ciudades como Tijuana y Mexicali donde los contagios y las defunciones han crecido.

De forma aislada opera la Guardia Nacional (GN) que arrastra su antecedente que fue la Policía Federal y el legado de Genaro García Luna. A pesar de ser una institución nueva creada por la 4T tras un intenso debate, no cuenta con los recursos tecnológicos más avanzados que faciliten la coordinación institucional ni su red está interconectada con la del Ejército, la Marina y las estatales.

La GN cuenta con una Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones que, entre otras atribuciones, debe planear, diseñar, instrumentar y administrar las redes de voz, datos e imágenes de la institución. La GN ya custodia 84 clínicas del IMSS en varios estados incluido Morelos, donde atentaron contra la vida de tres médicos. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, responsable de la GN, también reforzará la protección a personal sanitario de nosocomios del ISSSTE y acelera el reclutamiento de elementos, quienes requerirán estar en comunicación con sus centros del control.

El brote de Covid-19 ha hecho que militares y policías contribuyan con el esfuerzo de controlar la enfermedad y además sigan combatiendo a los delincuentes que se aprovechan de la pandemia. Los elementos de seguridad están bajo tres fuegos: el de la criminalidad, el de la virulencia del SARS-CoV2 y el enfado social por el confinamiento, las restricciones, el suministro de alimentos y las dificultades económicas. A pesar del aislamiento se incrementaron los homicidios dolosos y marzo de 2020 fue el mes más violento del gobierno de la 4T.

Para enfrentar esa artillería de complejas circunstancias se necesita la RNR y muchos radios, porque las armas podrían ser eficaces contra los maleantes, pero no pueden requerirse contra el coronavirus y menos contra la sociedad. La medida “Quédate en casa” viene acompañada de patrullajes, de policías atentos al buen comportamiento social pero también a los saqueos y disturbios en lo que será la fase más crítica de la pandemia.

El rebrote de delincuentes está explotando la situación sanitaria para encontrar nuevas formas de obtener ganacias. Personas sin antecedentes podían sumarse a sus filas para sobrevivir al estrangulamiento económico. Durante la pandemia los perpetradores han aumentando y diversificando sus actividades a través de una amplia gama de delitos y estafas que explotan el miedo y la incertidumbre que rodea al virus: mediante fraude, cibercrimen y productos médicos falsificados (lucran con mascarillas, desinfectantes, antivirales, test de detección de Covid-19 y hasta vacunas falsos).

Durante la emergencia sanitaria también se han propagado los ciberataques a organizaciones y personas. La pandemia de dominios maliciosos, malware y ransomware están infectando las redes. El repunte de delitos en el ciberespacio inyecta presión sobre Internet pero también vulnera las redes de seguridad pública, las de energía como Pemex e incluso las hospitalarias. Advierte la Interpol: “las infraestructuras esenciales, tales como los sistemas hospitalarios, han sido objeto de ciberataques con ransomware”.

La red de seguridad pública de Jalisco, estado que ha cuestionado las medidas sanitarias federales, no está actualizada. La actualización del software de la red jalisciense la haría menos vulnerable a ciberataques en plena pandemia. Esa migración tecnológica es prioritaria para una infraestructura crítica en un momento crítico.

La policía y los militares de por sí se encuentran en situaciones peligrosas por la epidemia de inseguridad. A ello hay que añadir el auxilio a la población y a las autoridades sanitarias por el coronavirus. Todo ello requiere logística, coordinación y comunicación que demanda una RNR robusta, de amplia cobertura e interoperable, nada de lo cual tenemos. Durante la pandemia también hay que reforzar los controles fronterizos, el mantenimiento del orden público, las medidas de confinamiento y la asistencia sanitaria en la identificación de casos y sus traslados hospitalarios.

La tecnología es el gran aliado de la seguridad pública. Hay que cuidar que los recursos de seguridad que distribuye la federación y que fueron liberados de forma inmediata para que los policías cuenten con el equipo indispensable para hacer su trabajo, como la radio, no sean reprogramados para que la obsolescencia tecnológica se siga contagiando. Hay que vacunar a los responsables de disponer los recursos para las TIC contra ese síntoma.

* El autor es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi

Precisiones de Airbus SLC

El 11 de mayo, de parte de Airbus SLC, recibimos la siguiente comunicación que presentamos íntegra:

José Soto Galindo, Editor General El Economista Online

Con relación a los artículos publicados por su colaborador Jorge Bravo los pasados 13 de marzo y 17 de abril del año en curso en relación a la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR), nos gustaría realizar las siguientes precisiones ya que consideramos que dichos artículos presentan información errónea.

El artículo hace mención sobre la obsolescencia tecnológica de la RNR.  Este señalamiento es incorrecto, la RNR no es obsoleta.  La tecnología con protocolo abierto Tetrapol IP que provee Airbus SLC y sobre la cual opera actualmente la RNR es de última generación en comunicaciones de misión crítica y alineada en su totalidad a los estándares y tendencias internacionales para proveer de tecnología de punta, confiable y segura a las instituciones de seguridad del país dedicadas a proteger día a día la vida de millones de mexicanos. 

Hoy la RNR garantiza de manera prioritaria la interoperabilidad con otras tecnologías y los más altos niveles de seguridad con encriptación extremo a extremo para las fuerzas que operan la seguridad del país, contrario a lo que el artículo señala, además de ser un aspecto primordial que no responde solamente a una cuestión de costos como también señala la nota sino en ofrecer las soluciones de comunicación de última generación.

Precisamos que, a diferencia de lo señalado en la nota,  la tecnología provista por Airbus SLC permite y garantiza en su totalidad la interoperabilidad.  La realidad actual de la RNR es que hoy existen 32 redes estatales y 5 federales en el país totalmente interconectadas a través de 110 mil dispositivos y utilizados por 200 mil elementos, garantizando las capacidades de comunicación segura entre el ejército, la marina, la guardia nacional, policías estatales, municipales y protección civil con total confiabilidad de sus operaciones para la atención a la seguridad pública y emergencias.

La escalabilidad tecnológica para la RNR es una realidad y hoy está avanzando en este sentido al contar con 12 estados en el país que ya operan en totalidad sobre Tetrapol IP; otras 14 entidades se encuentran en forma híbrida y 6 estados restantes están avanzando en su proceso de actualización a IP. Esto demuestra la visión e innovación tecnológica que aporta Airbus SLC así como la experiencia mundial que le respalda en los modelos de implementación de redes de comunicación crítica en otros países.

Coincidimos además en que la tecnología debe ser un gran aliado de la seguridad pública, y es por esta razón que Airbus SLC evoluciona en la oferta de productos y servicios que migren hacia la banda ancha que, además de fortalecer las capacidades de la RNR, representan la opción más viable para México en términos de aprovechamiento de recursos, costos y tiempos de migración a tecnología IP.

Consideramos relevante precisar la presente información en su medio, dado que los datos expuestos en la nota no se apegan a la realidad, con el objetivo de evitar confusiones entre sus lectores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Respetuosamente,

Fred Gallart, CEO Head of LATAM Airbus SL

Jorge Bravo

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM

En comunicación

Estudio los medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo. Autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente