Ilegalidad e impuestos asfixian negocio de apuestas

RICOS Y PODEROSOS Por: Marco A. Mares

La ilegalidad y la elevada carga fiscal son los principales problemas que enfrenta la industria del juego con apuesta en México.

Los ingresos del mercado total de esta industria rondan los 1,500 millones de dólares al año. Y de esa cifra entre 500 y 600 millones de dólares los obtienen los negocios ilegales.

Los negocios ilegales obtienen alrededor de 30% de los ingresos brutos del pastel del negocio de los juegos con apuesta en México.

La diferencia es que los negocios formal y legalmente establecidos tienen que pagar los impuestos que normalmente pagan y adicionalmente tienen que contribuir con el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

El IEPS merma alrededor de 20% de los ingresos brutos a las empresas de juegos con apuestas formalmente establecidas.

Los negocios ilegales obviamente no pagan impuestos y representan una competencia desleal para las empresas formales.

Para el presidente de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos AC, Alfonso Pérez Lizaur -organización que agremia a las más poderosas y reconocidas firmas como Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de Alejandro Soberón; Caliente, de Jorge Hank Rohn; Play City, subsidiaria de Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, y las españolas Codere y Cirsa, entre otras- es urgente avanzar por el camino de la legalidad para combatir la clandestinidad en la industria de las apuestas.

Pérez Lizaur asegura que las mafias de narcotraficantes todavía no participan directamente en los negocios ilegales, aunque admite que en algunas entidades de la República comienza a observarse ese fenómeno.

Lo que prevalece detrás de los negocios ilegales -advierte- son los políticos de nivel medio y bajo que con esquemas de corrupción se enriquecen y dejan operar a esos negocios ilegales.

Por eso, desde su punto de vista es importante la coordinación entre el gobierno federal, representado por las secretarías de Gobernación, a cargo de Fernando Gómez Mont, de Hacienda, de Agustín Carstens, los gobiernos de los estados y los presidentes municipales para enfrentar y abatir la clandestinidad en el negocio del juego con apuestas.

En el gremio que representa ven con buenos ojos la llegada de Gómez Mont porque ha mostrado disposición para enfrentar la problemática de esa industria.

En el recuento de los negocios que hoy existen, Pérez Lizaur menciona que a la fecha hay autorizadas en el país 429 salas de juego, de ésas hay 225 operando y 204 están por abrir.

Adicionalmente hay permisos de salas de juego en vías de publicarse para 140 más. Con éstas daría un total de 569 salas y 344 por abrir.

El dirigente de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos afirma que en virtud de la coordinación que pueden tener autoridades e industriales es relativamente fácil enfrentar la ilegalidad.

Hasta ahora se tienen perfectamente detectadas 50 salas en el país que operan sin permiso.

Las autoridades e industriales saben exactamente cuántas son y quiénes las operan y se puede actuar en consecuencia.

Por otra parte, la ilegalidad -dice el dirigente- puede dividirse en dos grandes segmentos: el de los ilegales formales, entre los que operan aquellos sin permiso pero que consiguen amparos de jueces a los que engañan con la presunción de que ofrecen juegos de habilidad y destreza como los videojuegos que utilizan los niños.

Otros negocios ilegales e informales son los denominados brincos , que así se llaman porque cambian de domicilio constantemente.

Además, hay 150,000 máquinas en todo el país, toleradas por gobiernos estatales y municipales.

Se han detectado 20,000 establecimientos, desde farmacias, tiendas de abarrotes y changarros que tienen este tipo de máquinas y que permiten que las utilicen los niños.

Hay necesidad, dice finalmente Alfonso Pérez Lizaur, de modificar la ley promulgada en 1947, porque aunque en el 2004 -57 años después de que entró en vigor- se publicó el reglamento respectivo y ha ayudado a regularizar el sector, se requiere superar las deficiencias entre la ley y el reglamento para cubrir huecos legales.

La pregunta es si se modificará o no la ley de juegos: ¡hagan sus apuestas!

Testigo protegido, arma letal de la Comisión Antimonopolios

La Ley Federal de Competencia prevé la figura del testigo protegido bajo el programa de inmunidad.

Con esta figura, la Comisión Antimonopolios, que preside Eduardo Pérez Motta, cuenta con un arma letal para abatir las prácticas monopólicas.

El testigo protegido es producto de las modificaciones a la Ley de Competencia de junio del 2006 y consiste en la protección a quien atestigua y entrega información a cambio de la reducción al mínimo (un salario mínimo) de la sanción correspondiente.

El testigo protegido es una figura que está probando en los hechos su efectividad.

Ayer la Comisión Federal de Competencia (CFC) multó por 24 millones 373,975 pesos a 33 agentes económicos relacionados con el mercado inmobiliario en la ribera del Lago de Chapala, por la comisión de prácticas monopólicas absolutas.

Entre los sancionados están 14 agencias inmobiliarias, 15 corredores titulares, dos corredores inmobiliarios independientes, el Grupo Inmobiliario del Lago, que agrupa a esos agentes, y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Sección Chapala.

Su delito fue ponerse de acuerdo para fijar una sola comisión a cobrar por los servicios inmobiliarios, con lo que nulifican la competencia entre sí a costa de los consumidores de estos servicios.

Cuentos veras

La Asociación de Bancos de México, que co-presiden Ignacio Deschamps y Luis Robles Miaja, se declaró formalmente lista para aplicar las nuevas reglas en materia de comisiones por las diferentes operaciones y transacciones que se realizan entre los bancos y sus clientes, en virtud de la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.?

RICOS Y PODEROSOS