En el negocio de la fibra oscura que está por licitar la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no hay lugar para los débiles.

Sin duda, el multimillonario monto de recursos que se requiere para equipar y funcionar como una empresa con carácter de operador de operadores, fue la razón por la que sólo se presentaron formalmente dos interesados en la licitación de fibra oscura de la CFE.

El Grupo de Inversionistas, integrado por Televisa, de Emilio Azcárraga, Telefónica, de Francisco Gil Díaz, y, Megacable, de Enrique Yamuni, tendrá que invertir alrededor de 300 millones de dólares (aproximadamente 3, 840 millones de pesos al tipo de cambio del día), para convertirse en carrier de carriers, si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Juan Molinar, les adjudica el par de hilos de fibra oscura que está por licitar.

Las empresas del consorcio tendrán que invertir esa cantidad más los alrededor de 900 millones de pesos que estableció como precio fijo el Indaabin, para obtener la concesión por la explotación del primer par de hilos de fibra oscura que pone en licitación el gobierno mexicano.

El grupo de inversionistas llega solo en la recta final de la licitación pública, luego de que la SCT descalificó a Iusatel, debido a que esta compañía no consintió las bases y el contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), respectivos.

A partir de ese momento, la interrogante que se plantea entre la opinión pública es si con un solo postor, se salvaguardan los intereses del Estado.

Para el Secretario de Comunicaciones y Transportes, no hay duda al respecto.

Desde su punto de vista, el objetivo de política pública es que México cuente con una nueva red nacional de transmisión masiva de datos e información, para que crezca el mercado de las telecomunicaciones; se reduzcan los costos de interconexión y se incremente la competencia, con independencia del número de participantes que se tuviera.

Era lógico dicen en el gobierno, específicamente en el área de comunicaciones, que no hubiera más postores, en la medida de que se trata de un negocio que requiere de considerables cantidades de recursos.

En el negocio de las telecomunicaciones, ni en México ni en ningún otro lugar del mundo hay lugar para los débiles, dicen los altos funcionarios del gobierno mexicano.

Gobierno capitalino, ruido, mucho ruido

Ruido, mucho ruido, pero nada más generó en el gobierno capitalino, en el caso del cumplimiento del pago de una indemnización.

El Gobierno del Distrito Federal heredó un problema de administraciones anteriores. Se trata de la expropiación hecha en 1970 de un predio en la colonia Agrícola Oriental, el cual no fue pagado en su momento. Le tocó a a la Secretaría de Finanzas del DF, que encabeza Mario Delgado, realizar el pago de la indemnización, en cumplimiento a la sentencia de amparo promovido por Alicia Lara Silva, lo cual se le notificó a la Suprema Corte.

La cantidad pagada por el Gobierno del Distrito Federal ascendió a 12 millones de pesos, lo que representa una fuerte cantidad al tomar en cuenta que sólo se cuenta con 100 millones de pesos para pagar indemnizaciones en este año.

La expropiación corresponde a un terreno de la colonia Agrícola Oriental con una superficie total de 12,659 metros cuadrados. El asunto generó mucho ruido, pero nada más.

CUENTOS VERAS

En 637 millones de dólares, el Grupo Saba -que preside Manuel Saba- compró la cadena Farmacias Ahumada, la más moderna y extensa de farmacias de América Latina, con un monto acumulado de ventas al cierre del año pasado por 1,650 millones de dólares.

Y de paso, con esta transacción, la cadena de Farmacias Benavides regresa a manos mexicanas, pues desde el 2002, venía siendo propiedad de Farmacias Ahumada.

De un solo golpe, Grupo Saba se convirtió en la cadena de farmacias más grande de América Latina y en uno de los más importantes distribuidores de medicamentos, con ventas combinadas por 4,000 millones de dólares y una plataforma internacional de 1,500 farmacias en México, Brasil, Chile y Perú.