Externos en la UNAM

En la cúpula peñista hay quienes piensan que la disputa por el poder tuvo hace tres años uno de sus primeros —y definitivos— capítulos cuando la Junta de Gobierno de la UNAM votó por la ratificación de Enrique Graue. A Los Pinos había llegado la propuesta de los tecnócratas para que Sergio Alcocer Martínez de Castro llegara a la torre de Rectoría, pero en el Palacio de Covián tenían otras intenciones.

¿Proteger la autonomía de la institución y mantenerla aislada del proceso electoral... o todo lo contrario? En la casa presidencial imperaba la idea de preservar la gobernabilidad del país, por supuesto, y la idea de que Morena quería controlar la institución pública de educación superior con la mayor matrícula estudiantil y académica. La nominación de Rosaura Ruiz —quien tendría el respaldo de los integrantes del CEU histórico, entre ellos Claudia Sheinbaum— parecía confirmar esa hipótesis.

Tercero en discordia, Enrique Graue se perfiló entonces al cargo con el respaldo de sus antecesores, José Ramón de la Fuente y —sobre todo— José Narro Robles, cuyos consejos eran escuchados con atención en Los Pinos, donde conocieron (pero minimizaron) los reportes sobre la hipoxemia crónica del exdirector de la Facultad de Medicina.

Ya en el cargo, su deteriorada salud ha sido un obstáculo inexorable. En su despacho cuenta con un equipo de oxigenoterapia, después de dos episodios embarazosos. Y también hablan con frecuencia sobre sus ausencias. “Pasa más en una clínica privada que en la torre de Rectoría”, revelan.

Los dilemas no resueltos hace tres años vuelven a gravitar entre los altos funcionarios de la administración saliente, a propósito del manejo de la crisis desatada por la irrupción de grupos porriles en la explanada de la Rectoría, justo hace una semana. Hay quienes elogian la prudencia de Graue al afrontar la situación —sobre todo, por su decisión de expulsar a los rijosos— y observan que el espaldarazo de los directores de las facultades y escuelas fue un gesto poderoso, ante el movimiento estudiantil en ciernes.

¿Templanza u opacidad? La renovación en el Colegio de Ciencias y Humanidades generó una oleada de autoritarismo que tuvo su clímax en el plantel Azcapotzalco, en el primer semestre del año. La gestión de Guadalupe Márquez Cárdenas resultó desastrosa, no sólo por su represión a las manifestaciones artísticas del alumnado, sino por su mala administración escolar y su burdo intento por incrementar las cuotas de inscripción.

A las protestas estudiantiles, la autoridad respondió con cerrazón y desprecio. En su única aparición en público, Graue salió en defensa de Benjamín Barajas Sánchez, quien justo cumplía seis meses como director de los CCH. El pliego petitorio mantiene la exigencia de su renuncia... y también, la del rector.

¿Intereses externos buscan desestabilizar a la UNAM? “Les pido que no caigamos en provocaciones que buscan dividirnos y debilitarnos”, pidió el rector Graue a los paristas, en un comunicado difundido al mediodía, “es fundamental mantenernos juntos y trabajando para erradicar la violencia contra nuestros planteles y lograr que la universidad de la nación pueda seguir cumpliendo con sus tareas sustantivas”.

La UNAM reanudará actividades, tras una semana de exaltación y catarsis. Y este lunes, el Consejo Técnico de la Coordinación de Humanidades deberá sesionar para elegir al encargado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la terna propuesta por Graue, en la que están el actual director, Pedro Salazar Ugarte; y los académicos Issa Luna Pla e Imer Benjamín Flores.

Nuevamente, las autoridades enfrentadas a la comunidad académica y estudiantil. Salazar Ugarte, quien estudió Derecho en el ITAM, tiene el respaldo del rector y de otros personajes de renombre. Flores, en cambio, concita amplias simpatías entre la comunidad (aunque no interviene directamente en la elección) pero sobre todo sería la carta fuerte de un grupo de técnicos e investigadores del IIJ-UNAM marginados por Salazar Ugarte, quienes se quejan de que egresados de otras universidades y de ámbitos distintos al derecho han ocupado las vacantes disponibles.

En efecto, las predilecciones de Salazar Ugarte le han acarreado intermitentes críticas dentro de la Máxima Casa de Estudios. Allí está, por ejemplo, la reciente incorporación de Magdalena Cervantes Alcayde como técnica titular A en el IIJ. Exfuncionaria de la SCJN, Cervantes Alcayde coordina el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que hace cuatro años se estableció en Jurídicas. Y pudo ocupar esa plaza luego de que Marisol Anglés y Rosalía Ibarra fueron promovidas por Salazar Ugarte a sendas plazas de investigadoras de tiempo completo. Los señalamientos bordean el chauvinismo, como las críticas por la incorporación de investigadoras formadas en Flacso y de origen argentino.

Salazar Ugarte quiere reelegirse en el IIJ y buscaría la rectoría de la UNAM en el 2019, si Graue optara por retirarse. Su rol de improbable relevista —que parecería débil por su origen itamita, pero que se vería revitalizado por sus nexos con el director del CIDE, Sergio López Ayllón, el ministro José Ramón Cossío y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello— está en manos de los consejeros de Humanidades.

EFECTO SECUNDARIO

CUMBRE OLMECA. El nuevo plan energético y el Tren Maya son dos proyectos prioritarios para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El primero requerirá de 65,000 millones de pesos en el 2019 para reactivar la exploración, la producción y la intervención de pozos, de acuerdo con lo expuesto por el presidente electo, la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el próximo titular de Pemex, Octavio Romero, ante los empresarios del sector en Villahermosa, Tabasco, el pasado sábado 8. Allí estuvieron representantes de Grupo R, Perforadora Latina, Grupo Galem, Protexa, ICA, Blue Marine, DIAVAZ, Perforadora Central, y CICSA, entre otros. El objetivo es dejar que haya una mayor y sana competencia, y eso se verá en diciembre próximo, cuando anuncien las nuevas licitaciones para la perforación de pozos petroleros.