La semana pasada, el INE aprobó de forma unánime el presupuesto que se pondrá a consideración de la Cámara de Diputados, en donde se analizarán y definirán las cifras definitivas.

Se trata de recursos públicos que requieren no sólo de garantías de transparencia y rendición de cuentas con respecto a su ejercicio, también de una administración eficiente que se ocupe de explorar constantemente las alternativas técnicas para que se cumplan las actividades institucionales a costos más bajos y una aplicación eficiente y vigilada de cada peso que sea solicitado.

En la confección del presupuesto que ha avalado el INE, se hicieron revisiones técnicas y participaron en las deliberaciones de cada partida y montos las y los consejeros electorales, la Contraloría Interna y también las representaciones de los partidos políticos y de los consejeros que representan al Poder Legislativo.

En cifras, el presupuesto operativo que el INE solicita para el ejercicio fiscal 2017 asciende a 11,232 millones 449,787 pesos, lo que implica una disminución de 5% frente al aprobado para este año 2016. Es decir, hay una reducción efectiva de 591 millones de pesos con respecto a lo que se está ejerciendo este año como resultado de los trabajos para eficientar las tareas y reducir los costos.

Por tercer año consecutivo, el presupuesto de operación solicitado por el INE disminuye en términos reales. A precios constantes, en el 2015 el presupuesto operativo fue de 14 millones de pesos; en el 2016 de 11,820 millones, y ahora baja a 11,232 millones.

Un diseño presupuestal que opte por la disminución de gastos a partir de una valoración técnica objetiva, con criterios de racionalidad y austeridad, es algo obligado para cualquier institución pública, aunque no pretendo con ello ignorar que es indispensable la definición de recursos que permitan desahogar las actividades que la ley ordena, y que naturalmente las instituciones requieren solvencia presupuestal para llevar a cabo esas actividades, en este caso, las que permiten organizar elecciones.

Las cantidades que se reflejan en el presupuesto del INE toman en cuenta, por ejemplo, que en el 2017 hay cuatro elecciones locales (Estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila) que inician los preparativos de los comicios federales del 2018.

El camino logístico para la elección presidencial arranca en septiembre del próximo año, igual que el que habrá de recorrer para renovar las cámaras del Congreso y diversos cargos en elecciones locales coincidentes de 30 entidades federativas en el 2018. Cuatro de los 12 meses del 2017 son ya parte del proceso electoral y requieren atención presupuestal.

Tendremos instalación de consejos locales y distritales de las contiendas locales; la implementación del proyecto del voto de los mexicanos residentes en el extranjero; la instalación e integración de las mesas directivas de casilla; el sistema integral de fiscalización; además, la estrategia de capacitación para las casillas únicas del 2018 y el desarrollo de los programas informáticos que permitirán conocer el comportamiento de la jornada y los resultados electorales.

El monto total de los recursos que se solicita para el gasto operativo del instituto tiene previstos 9,157 millones de pesos como presupuesto base y 2,074 millones de pesos para desarrollar una cartera de 112 proyectos específicos.

Todas las deliberaciones a través de las cuales se llegó a esas cantidades son públicas, así como el desglose correspondiente, y una vez que se autoricen las cantidades definitivas, cualquiera podrá también solicitar detalles de cómo se ejercieron.

*Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral

Twitter:@MarcoBanos