El 13 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto decide intervenir Michoacán, cuando nombra a Alfredo Castillo, gente muy cercana a él, como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de ese estado. Dos días después, el 15 de enero, las fuerzas federales inician un operativo conjunto en la región de la Tierra Caliente.

Así es como las fuerzas federales se encuentran en el terreno con los grupos de autodefensas que desde febrero del 2013 se dieron a combatir al cártel de Los Caballeros Templarios ante la incapacidad mostrada por las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. La administración federal ante esta realidad sólo tenía dos posibilidades: combatirlos o aliarse a ellos.

La decisión fue aliarse y trabajar de manera conjunta con ellos, que es una medida inteligente que toma en cuenta, más allá de los discursos e imaginarios ideales, la situación del Estado y el efectivo accionar de las autodefensas que desde que empezaron a operar, y antes del inicio del operativo conjunto, lograron desplazar a los integrantes de Los Caballeros Templarios de una veintena de comunidades.

En ese contexto, el 27 de enero el gobierno federal, estatal, y los líderes de las autodefensas negociaron el reconocimiento oficial y legalización de pacto de estos grupos. El acuerdo implica que los integrantes de las autodefensas deben incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rural del Ejército o las policías municipales. Contempla también el compromiso de que en adelante estos grupos y las fuerzas federales y estatales actuaran de manera conjunta.

Los integrantes de estos cuerpos no reciben remuneración y se sujetan al mando del Ejército. Es éste quien lo informa, proporciona las armas y municiones a sus miembros. Las Defensas Rurales se suprimen cuando el Ejército decide que ya no son necesarias para los propósitos con las que fueron creadas. En la actualidad existen en el país 21 de estos grupos.

El 15 de febrero pasado, el Ejército anunció que ya se habían incorporado a las Defensas Rurales 600 integrantes de las autodefensas que pasan ahora a depender del mando de la 42 Zona Militar con sede en Apatzingán, que ahora comanda el general Miguel Ángel Patiño. Se dijo también que en breve se entregarán los uniformes y equipos correspondientes. El proceso de incorporación inició el pasado 29 de enero.

Las autodefensas han dicho que no se van a desarmar mientras los líderes de Los Caballeros Templarios no sean arrestados o abatidos.

El gobierno sabe bien que por ahora necesita a estos cuerpos, que le son útiles de muchas maneras, y que también debe negociar con ellos, no sólo para evitar la confrontación, sino para organizar con ellos su paulatina desmovilización.

Los grupos de autodefensa en Michoacán no tienen las características de las organizaciones paramilitares y son una expresión auténticamente ciudadana que surgen de manera autónoma a las fuerzas del gobierno, para hacer frente a lo que éste no pudo hacer. Sin duda son un caso excepcional que debe evitarse, pero todo indica, hay evidencia, que la actitud que han tomado, que incluye el diálogo abierto con las autoridades federales y estatales, conducirá a que estos grupos se desmantelen en la medida que se resuelva el problema, que es responsabilidad de las autoridades de sus tres órdenes de gobierno.