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¿Cuánto cuesta al Gobierno la distribución de medicamentos?

Y pensar que podríamos ahorrarnos esos miles de millones de la distribución…
Si este gobierno fuera estratégico y tuviera claridad sobre el problema del desabasto, estaría invirtiendo en una plataforma tecnológica para organizar y controlar bien la distribución de medicamentos, en vez de dedicar más de 2,000 millones de pesos en un enorme almacén.
En principio el costo total de la nueva ocurrencia sumará mucho más de esos 2,000 millones que mencionó López Obrador. Hay que sumarle mínimo unos 350 millones de pesos anuales que costará operarlo, incluida la plantilla de trabajadores -conforme cálculos de expertos.
Adicionalmente, nos apuntan miembros de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para Salud (ANDIS), hay que considerar el costo que significa la contratación de operadores logísticos (OL) que cobran entre 4 y 5 pesos por unidad por trasladar los insumos de las fábricas al almacén.
Si tomamos la última licitación hace semanas en que la Secretaría de Salud adquirió 700 millones de unidades -para completar porque por falta de planeación no alcanzó la compra bienal hecha en 2022 que se supone iba a cubrir todo 2023 y 2024-, el costo de los OL será por no menos de 2,800 millones de pesos (4 pesos por 700 millones).
A ello hay que agregarle el costo adicional de la última milla que no cubren los OL. Esto lo están asumiendo las instituciones en el reparto hacia sus hospitales y centros de salud, porque los OL entregan los medicamentos en almacenes de cada instituto. El IMSS se hace cargo de distribuir los fármacos de sus almacenes a sus unidades de atención; son 1,531 Unidades de Medicina Familiar (UMF), 251 hospitales generales, 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 34 Unidades de Atención Ambulatoria (UMAA). El ISSSTE se hace cargo y asume los costos del reparto de insumos médicos a sus 692 hospitales y sus 13,886 centros de salud. Y lo mismo sucede con los 23 estados de la República adheridos ahora al OPD IMSS Bienestar que se hacen cargo del reparto a sus unidades médicas.
En el anterior esquema, dichos institutos no asumían ese costo. Recordemos que las distribuidoras especializadas se hacían cargo desde que salía el medicamento de la fábrica hasta que llegaba al paciente en todos los institutos médicos del gobierno, todo por un cobro de comisiones de entre 7 y 8%. Hoy nos sale mucho más caro el caldo que las albóndigas pero no se sabe en cuánto porque hay total discrecionalidad.
No conocemos la cifra final en que se elevan todos esos costos de la distribución, pero sin duda son miles de millones de pesos, mucho más que lo que costaba el anterior esquema con distribución especializada que tanto criticó AMLO y que terminó desbaratando.
Todos esos procesos que hoy se pagan por separado y se ejecutan en forma desordenada y completamente ineficiente, por sexenios se hicieron en forma consolidada y mucho más económica. A estas alturas es obvio, y todos lo saben, que la inversión para un super almacén será dinero de nuestros impuestos tirado a la basura.
Pero lo más trágico de esta historia es que todos esos costos nos los podríamos ahorrar. Así como lo leen. Si el presidente diera la orden de tomarle la palabra a las farmacéuticas de hacerse cargo de distribuir sus productos, no nos costaría ni un peso adicional.
Podríamos ahorrarnos esos miles de millones de pesos gastados en el esquema desordenado de distribución sin estrategia ni planeación. Sencillamente las cotizaciones de las empresas fabricantes de fármacos que le venden al gobierno le incluyen en el precio el costo de distribución. Así ha sido desde el principio, y el gobierno no lo ha tomado.
En la última licitación de noviembre la Secretaría de Salud incluso preguntó a los proveedores que precisaran el precio con y sin distribución. Y una vez más los oferentes indicaron que no hay diferencia; es el mismo precio.
Entonces, el mayor de los colmos: No tendríamos por qué estar pagando esos miles de millones de pesos por distribución, ni los pacientes estar sufriendo por el desabasto a causa del desorden. Todo lo podrían controlar las farmacéuticas contratando distribuidoras, pero simplemente no es el deseo de la 4T.
No tiene sentido ni congruencia. Y aquí, como dice el dicho, lo que no suena lógico, suena a metálico…
La trazabilidad está perdida y preocupa a farmacéuticas
Para la mayoría de farmacéuticas es preocupante lo que pasa actualmente y viene pasando desde hace ya más de 4 años. El problema es que no tienen control de la trazabilidad de sus productos y ello es muy delicado tratándose de medicamentos y demás insumos médicos. La farmacovigilancia es importante y en este caso la responsabilidad de la farmacéutica empieza desde que sale de la fábrica hasta que se consume por el paciente porque cualquier cosa que le pase en el inter al fármaco puede restarle en su estabilidad y, por ende, en el efecto terapéutico. Hoy en México las farmacéuticas que le venden al Gobierno no tienen certeza de si se garantiza la cadena fría durante el traslado o almacenamiento; de si al paciente le está llegando en condiciones óptimas para que de verdad tenga el efecto esperado durante la prescripción. A los únicos que les conviene el actual esquema es a los laboratorios de India que no tienen instalaciones en México y que el Gobierno se haga cargo de la distribución les resuelve la vida, porque de lo contrario les encarecería mucho tener que repartir en varios puntos, y no podrían cumplir los precios con que ganan los concursos de compra.
Grupo Traxion y Medica Farma Arcar, los OL ganones
En la última licitación quedó reafirmado que los operadores logísticos del sexenio son Grupo Traxion y Medica Farma Arcar. Les volvieron a asignar el reparto de las 700 millones de medicamentos que incluye la última licitación, y que ahora harán llegar al mega almacén. Con estas unidades que entregarán en los siguientes meses, en efecto, como lo espera AMLO, pronto lo llenarán. El problema es que los medicamentos tienen caducidad y no pueden embodegarse por tanto tiempo. Ahí es donde ha estado el cuello de botella y lo que ha derivado en que miles de fármacos han tenido que ser destruidos porque terminaron caducando.

