Durante el fin de semana, la Cámara Baja del Congreso de Brasil aprobó una iniciativa para enjuiciar a la presidenta Dilma Rousseff por su presunto papel en la manipulación de las cuentas nacionales para minimizar el creciente déficit público. Aunque esta resolución aún requiere de aprobación en el Senado la cual debe darse en las próximas semanas- la decisión ha puesto en marcha un proceso que difícilmente será detenido.

Aunque Dilma fue presidenta del consejo de Petrobras durante el periodo en el que se gestaron los escándalos de corrupción, el juicio no contempla acusaciones de algún posible involucramiento en dichos actos.

Para muchos, el procedimiento es más bien un juicio sobre el papel del Partido del Trabajo, que gobierna Brasil desde el 2002, en la peor crisis económica y política del país en los últimos 30 años. Esta crisis se da después de un periodo de abundancia en el que el Producto Interno Bruto (PIB) creció a un promedio anual de casi 5% y millones de brasileños lograron salir de la pobreza.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del 2011, la economía brasileña entró en un proceso irreversible de desaceleración, que se convirtió en recesión a finales del 2014. La mayoría de los expertos anticipa que la recesión se prolongará hasta el 2017 y que la eventual recuperación será muy moderada con crecimientos promedio de 1.8% anual entre el 2018 y el 2021.

Esto implica que, excluyendo el efecto de la inflación, Brasil tardaría entre ocho y nueve años en recuperar su PIB máximo, alcanzado en el 2013. La recesión ha sido acompañada por un repunte en la inflación, creando un fenómeno de estanflación no visto desde principios de los años 90, que ha erosionado buena parte del avance de las clases baja y media durante el lustro anterior.

Es cierto que Brasil ha sido víctima del fin del superciclo de materias primas que ha causado un desplome en los precios de los principales productos de exportación de Brasil. Sin embargo, la realidad es que Brasil no supo administrar los años de abundancia del superciclo de las materias primas.

Embelesados por el milagro de crecimiento brasileño, los gobiernos del Partido del Trabajo cometieron una serie de errores de política económica, despilfarrando recursos públicos, privilegiando el gasto sobre la inversión en infraestructura, olvidándose por completo de las reformas estructurales y manteniendo una economía muy cerrada.

Adicionalmente, hubo decisiones populistas, como la de indizar el salario mínimo a una fórmula basada en inflación y crecimiento del PIB, que han sido catastróficas, al provocar un incremento en los salarios desligado de la productividad y una distorsión a través de toda la estructura salarial del país y, peor aun, en los precios de bienes y servicios administrados que están indizados al salario mínimo.

Entre el 2007 y el 2015, Brasil pasó de tener un superávit fiscal a tener un déficit de casi 10% del PIB. Asimismo, entre el 2010 y el 2015 la relación de deuda pública a PIB aumentó de 52 a 75% y probablemente, superará 80% en los próximos dos años.

Para muchos observadores, la salida de Dilma podría abrir las puertas a un nuevo régimen con la voluntad de hacer los cambios necesarios para revertir las malas decisiones de política económica de los últimos años. Este pensamiento ha generado un repunte en la Bolsa brasileña y una apreciación del real; sin embargo, para muchos, el inicio de este proceso agravará la crisis política a tal grado que: i) será difícil conformar un nuevo gobierno y ii) éste enfrentará retos para generar los apoyos suficientes para tomar las duras decisiones que son necesarias para revertir el daño.

Brasil enfrenta un momento muy delicado, en el que las cosas probablemente empeoren antes de mejorar.