El ya famoso tema de la banda 2.5 GHz pareciera en ocasiones un tema de interés únicamente nacional. Y no es así.

La historia de la banda en disputa entre MVS, que dirige Joaquín Vargas, y el gobierno de Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Dionisio Pérez Jácome, y en concreto, la Subsecretaría de Comunicaciones, a cargo de Héctor Olavarría Tapia, va más allá de las fronteras nacionales: otros países han encontrado en el reordenamiento de esa banda un mejor desarrollo de la telecomunicaciones, con todo lo que ello implica para cada una de las naciones.

En el 2000, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) identificó, entre otras, a la banda de frecuencias 2.5 GHz como susceptible para ser utilizada en la prestación de los servicios internacionales móviles de telecomunicaciones; actualmente, la banda ya está identificada para servicios móviles avanzados, en particular, para servicios móviles de banda ancha.

En el 2004, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones adoptó las recomendaciones de la UIT y, cuatro años después, en el 2008, fue publicada en el diario oficial de la Unión Europea la decisión que permite la armonización de esta banda en los países miembros.

Una vez emitida la recomendación de la UIT, las empresas productoras de equipos iniciaron los desarrollos tecnológicos correspondientes. En la actualidad, dos tecnologías apuntan para utilizarse en el despliegue de las redes móviles, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de la banda y, por ende, mayores servicios para la sociedad: Worldwide Interoperability for Microwave Access y Long Term Evolution.

Organismos especializados indican que, con segmentos mínimos de 40 MHz, es posible desplegar una red eficiente y competitiva en el mercado para la prestación de servicios móviles.

Ya son varios los países que han empezado a tomar las acciones necesarias para reordenar la banda 2.5 GHz y lograr un uso eficiente con el fin de maximizar su valor económico y social. Al menos, se tiene conocimiento de 17 países que han llevado a cabo procesos de licitación en esta banda del espectro radioeléctrico: 10, de Europa (Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega y Suecia); tres son de la región Asia-Pacífico (Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur) y cuatro, de Latinoamérica (Brasil, Colombia, Chile y Perú).

Procesos de licitación

Los comparativos internacionales de precios de licitaciones no se pueden desarrollar de manera simplista; para poner en contexto sus resultados, es necesario conocer el marco normativo de cada país y, en particular, conocer plenamente las bases de las licitaciones correspondientes. Le cuento, sólo a manera de ejemplo, las últimas licitaciones de 2.5 GHz realizadas en la región: Brasil (junio del 2012) y Chile (julio del 2012), las cuales tuvieron resultados diametralmente diferentes en términos económicos.

La diferencia fundamental es que en tanto Brasil llevó a cabo un proceso licitatorio (140 MHz para servicios móviles) basado en la presentación de posturas económicas, el proceso de Chile para la asignación de frecuencias (120 MHz) fue a sobre cerrado, el criterio para seleccionar a los ganadores fue basado en la evaluación de proyectos de inversión a concretar en el espectro para el cual se concursaba y solamente en caso de empate -lo que finalmente ocurrió-, se presentarían ofertas económicas.

En tal sentido, comparar ambas licitaciones tomando como referencia el pago/MHz que se obtuvo no es válido, ya que Chile no usó como principal criterio de asignación las posturas económicas, como lo hizo Brasil.

Segob, contra casinos sin permisos: industria de $10,000 millones

Dentro de los logros que podrá presumir el gobierno de Felipe Calderón, apunte el que alcanzó la Secretaria de Gobernación, a cargo de Alejandro Poiré, dependencia que erradicará 50% de los más de 60 casinos que operaban al margen de la ley de juegos y sorteos, una industria cuyas ventas superan los 10,000 millones de pesos.

Después de la tragedia del Casino Royale, la Segob intensificó las visitas de inspección en menos de un año a las salas que no tenían los permisos, con el único objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de los visitantes.

La dependencia contó con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, de José Antonio Meade, y de la industria organizada afiliada a la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas en México, que preside Miguel Ángel Ochoa, en una estrategia de cooperación para regular y proteger a la industria formalmente establecida.

No obstante, el gran problema para el gobierno federal es que carece de una legislación moderna para actuar de fondo en contra de los casinos ilegales y las apuestas por Internet, ya que la ley de juegos y sorteos bajo la cual regula a esta industria no se ha reformado desde 1947.

Imagine usted el gran problema para las autoridades al no tener una ley que contemple las nuevas tecnologías ni una regulación competitiva a nivel mundial.

Ante este contexto, los más de 27 permisionarios de juegos y sorteos esperan que la próxima Legislatura empuje las reformas estructurales como la fiscal y laboral, sin olvidar la ley de juegos y sorteos, en donde legisladores como Manlio Fabio Beltrones, Luis Alberto Villarreal y Silvano Aureoles tendrán un papel determinante.

pedro.suarez@eleconomista.mx