José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, recibió cuestionamientos por haber adjudicado en dos ocasiones de forma directa a Telmex un contrato de conectividad con beneficios económicos y de calidad para el programa Ciudad Segura de la Ciudad de México.

La primera asignación directa fue una renegociación del contrato que vencería el 31 de diciembre de 2018, 26 días después de que el nuevo gobierno capitalino tomara posesión el 5 de diciembre. En esa ocasión la ADIP justificó su decisión en que “los tiempos de una licitación abierta implican un proceso de al menos tres meses”. La adjudicación directa en la Ciudad de México está prevista en los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Para el caso de Telmex fue para garantizar la continuidad del servicio, calidad, oportunidad, financiamiento y precio.

Esa contratación de servicios de telecomunicaciones para 2019 fue por 770.8 millones de pesos, un ahorro de 103 mdp y un aumento en la conectividad de 20 a 100 Mbps para cámaras de vigilancia y sitios Wi-Fi públicos.

Para 2020, también para asegurar la continuidad de los servicios de voz y datos y el acceso gratuito a los servicios de conectividad en la capital del país para Ciudad Segura, la ADIP volvió a adjudicar de forma directa el contrato a Telmex, en esta ocasión por 776.7 mdp y un ahorro de 221.7 mdp, si se considera el aumento en los servicios y la calidad en los mismos.

Adicionalmente, para el proyecto Ciudad Digital, la ADIP licitará en el segundo semestre de 2020 la provisión de servicios y dividirá la ciudad en cinco zonas geográficas donde los proveedores ganadores ofrecerán sus servicios.

En un comunicado el 15 de enero de 2020, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), reclamó que “no es posible determinar si el contrato de Ciudad Segura genera ahorros para la Ciudad de México, pues éste ha sido asignado de manera directa a la misma empresa”. También señala que la adjudicación directa se realizó sin la previa elaboración de un estudio de mercado “para determinar si las empresas tienen o no capacidad para proveer los servicios digitales que requiere el gobierno de la Ciudad de México”.

El pronunciamiento de la Canieti no aclara que las empresas afiliadas a ese gremio tengan dicha capacidad, pero sí recuerda que Telmex “está obligado a dar acceso a su infraestructura a otros competidores” y que, si Telmex cumpliera con esta medida, confiesa la Cámara, “más operadores estarían en condiciones de proveer servicios de manera inmediata al Gobierno de la Ciudad de México”.

El comunicado de la ADIP del 8 de enero de 2019 para los servicios de ese mismo año aclara que “en dicha renegociación del contrato se obtuvieron beneficios para la ciudad que ningún otro proveedor se encuentra hoy en condiciones de garantizar, debido a que Teléfonos de México ya cuenta con la infraestructura necesaria para la prestación del servicio y sería técnicamente imposible que los otros competidores lo pudieran hacer en un período de 26 días naturales”. Más de un año después, el comunicado de la Canieti corrobora la justificación de la ADIP.

Las empresas afiliadas a la Canieti (entre las que no se encuentran Telmex) tuvieron un año para invertir, prepararse y presentar sus tecnologías, soluciones y argumentos al titular de la ADIP, pues conocen perfectamente los requerimientos de servicios y conectividad de Ciudad Segura. En cambio, siguen pidiendo acceso a la infraestructura de Telmex, la cual está abierta a los competidores desde marzo de 2014, cuando se impusieron las medidas asimétricas en materia de preponderancia.

Lo interesante es que el desplegado de la Canieti fue elaborado por la Vicepresidencia Nacional de Telecomunicaciones de dicha Cámara, a cargo de Mónica Aspe Bernal, vicepresidenta de Asuntos Externos, responsable de relaciones gubernamentales e institucionales de AT&T. La principal queja de la Canieti es la adjudicación directa a Telmex del contrato de Ciudad Segura de la ADIP.

Aspe Bernal fue Subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones (SCT) y Transportes y, previamente, responsable de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la SCT. Al frente de la CSIC, amparada en los artículos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Mónica Aspe realizó 22 procedimientos de licitación pública nacional, nueve invitaciones a cuando menos tres personas y ¡62 adjudicaciones directas!

Como Subsecretaria de Comunicaciones, del 28 de abril de 2015 al 10 de abril de 2017, la entonces funcionaria y hoy directiva de AT&T no realizó ningún contrato de licitación pública nacional, adjudicó dos contratos a cuando menos tres personas y adjudicó de forma directa nueve contratos de servicios. Todo ello consta en una respuesta oficial a una solicitud de información pública a la SCT para indagar esos datos.

No estoy afirmando que las 71 adjudicaciones directas que otorgó Mónica Aspe son ilegales o irregulares, lo único que estoy diciendo es que el pez por la boca muere.

*El autor es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM

En comunicación

Estudio los medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo. Autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente