Un juez bloquea la política de Trump de multar a migrantes con hasta 1.8 millones de dólares

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el lunes los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por imponer multas de hasta 1.8 millones de dólares a los migrantes que no abandonen el país tras recibir órdenes definitivas de deportación.

El juez federal de distrito George O'Toole, en Boston, dictó la resolución en una demanda colectiva presentada el año pasado por dos de los miles de migrantes a los que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha impuesto sanciones civiles.

El magistrado afirmó que el Gobierno impuso las multas de forma ilegal. O'Toole dijo que era necesario suspender las políticas relacionadas con esas sanciones porque su cobro probablemente llevaría a los demandantes a la insolvencia.

"Los demandantes viven en una situación económica precaria incluso sin que se les impongan las exorbitantes multas del Gobierno", escribió.

El DHS no hizo comentarios de inmediato.

El pasado julio, el departamento informó de que había impuesto más de 103,000 multas a migrantes por un total de unos 84,000 millones de dólares desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

Aunque el Congreso autorizó las sanciones civiles mediante la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, ningún Gobierno intentó imponerlas hasta el primer mandato de Trump.

Desde el año pasado, el segundo Gobierno de Trump comenzó a imponer multas de 998 dólares diarios a los migrantes que no abandonaran Estados Unidos tras recibir una orden de deportación. Esas multas se han aplicado de forma retroactiva por períodos de hasta cinco años, con una sanción máxima de 1.8 millones de dólares.

En julio de 2025, el DHS y el Departamento de Justicia de Estados Unidos implantaron un nuevo procedimiento que, dijeron, agilizaría la imposición de multas al eliminar un plazo de notificación previa de 30 días y acortar el procedimiento para impugnar las sanciones.

Los demandantes, entre los que también figuraba el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, impugnaron esa política, así como lo que describieron como una práctica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia del DHS, consistente en imponer multas mediante formularios estandarizados sin evaluar de manera independiente si la persona había incumplido la obligación de salir del país de forma "deliberada" o "voluntaria".

O'Toole, nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton, dio la razón a los demandantes y determinó que las multas eran ilegales e infringían la Ley de Procedimiento Administrativo, porque los formularios carecían de alegaciones específicas que explicaran por qué la conducta de una persona justificaba una sanción.

También concluyó que el Gobierno había incumplido los procedimientos de elaboración de normas al adoptar su sistema agilizado de imposición de multas, porque no había ofrecido previamente al público la oportunidad de presentar comentarios sobre el cambio de política.