España aprueba los decretos sobre vivienda que desencadenaron las elecciones anticipadas

El Gobierno español aprobó este martes dos decretos sobre vivienda cuyo rechazo por parte del Congreso la semana pasada llevó al presidente Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas.

Las medidas, que incluyen topes a los alquileres, una prohibición temporal de los desahucios y límites a la compra de viviendas por parte de empresas, "son de puro sentido común", dijo Sánchez en rueda de prensa, argumentando que las encuestas de opinión mostraban que la ciudadanía estaba, en general, a favor de la intervención en el mercado inmobiliario.

"Protegen a aquellas personas más vulnerables y que de alguna manera empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional. (...) Porque hay mucha especulación", afirmó.

Sánchez anunció el lunes que adelantaba las elecciones, previstas inicialmente para 2027, ya que al no haber conseguido el apoyo suficiente para sus propuestas destinadas a abordar la crisis de la vivienda, se dio cuenta de que necesitaba más escaños en el Congreso de los Diputados.

La convocatoria de elecciones, fijadas para el 29 de noviembre, ha permitido a Sánchez introducir las nuevas normas con el apoyo de un órgano interino más reducido.

Las medidas entrarán en vigor de forma temporal cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial del Estado, pero posteriormente deberán remitirse para su aprobación a los diputados en funciones que permanecen en sus cargos tras la disolución del Congreso, explicó Sánchez.

El órgano permanente, compuesto por 69 miembros —incluida la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, del Partido Socialista Obrero Español de Sánchez—, cuenta con una escasa mayoría a favor de las medidas, según la cadena pública TVE.

Un segundo decreto que propone la renovación automática de los contratos de alquiler solo entraría en vigor si lo aprobara la legislatura reducida, ya que el Gobierno no contaba con la mayoría necesaria para validarlo, explicó Sánchez.

El intento de desahucio de una mujer de 87 años en Madrid desencadenó protestas en todo el país, incluyendo llamamientos a una huelga general antes de las elecciones, que, según Sánchez, su Gobierno respetaría.