Monterrey, NL. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Monterrey (Canaco Servytur Monterrey) y la Confederación Patronal de la República Mexicana en Nuevo León (Coparmex) rechazaron la medida que informó el gobierno estatal de que cerrarían las empresas que no cuenten con transporte privado para su personal.

“En representación de los empresarios de Nuevo León manifestamos nuestro rechazo a las autoridades estatales por el anuncio de cerrar aquellas empresas que no brinden transporte privado a sus trabajadores”.

Opinaron que dicha medida está fuera del alcance logístico, operativo y financiero de un gran número de Pequeñas y medianas empresas (Pymes), que, “ante tal situación, se verían en riesgo de cierre y en consecuencia, provocaría la pérdida de más empleos”.

En contexto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, instruyó al secretario de Economía y Trabajo, Roberto Russildi Montellano, para que en coordinación con el titular del Instituto de Movilidad, Noé Chávez revisen a todas las empresas que tienen la autorización como esenciales y no esenciales.

“Quedamos (con las empresas) que dábamos la aprobación siempre y cuando sus trabajadores se transportaran en transporte privado, y así va a ser, aquel que no tenga (el servicio) será cerrada la empresa”, argumentó el mandatario estatal.

Por su parte, los organismos consideraron “inviable el pretender obligar a las empresas a cumplir con algo que es materialmente imposible y sobre todo, tratar de trasladar a las empresas la responsabilidad que tiene el estado de proporcionar un servicio de transporte público eficiente y seguro a los ciudadanos”.

Recordaron que el transporte público es un derecho garantizado por la Constitución de Nuevo León, que en su Artículo Tercero señala: Toda persona tiene derecho a la movilidad, a gozar de ciudades sustentables que garanticen una adecuada calidad de vida y acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente. El estado proveerá lo necesario para garantizar dicho acceso.

Por lo que el gobierno estatal no se puede desentender de esta obligación.

Puntualizaron que el sector empresarial ha respondido al llamado de la autoridad mediante la implementación de los protocolos sanitarios correspondientes, así como el apoyo a los trabajadores para evitar los contagios.

Además, argumentaron que han mantenido el pago de impuestos en este complicado periodo de ingresos nulos, tanto federales como estatales, recursos que deben ser dedicados al sector salud y el transporte público.